La Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, en representación de la familia del joven Franco Casco, espera que para fines de esta semana y antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Apelaciones confirme finalmente los procesamientos a los 30 efectivos policiales imputados de cara al juicio oral.

Este martes culminaron las audiencias, y la Cámara conformada por los jueces Aníbal Pineda, Jorge Gallino y Fernando Barbará cuenta con cinco días hábiles para expedir su resolución sobre esta causa de desaparición forzada que ya pasó de la justicia provincial a la federal. En el camino, además, un juez declaró su incompetencia y hubo excarcelaciones que “se espera sean revocadas con los procesamientos”, indicaron desde la Asamblea.

Fueron cuatro semanas en las que se celebraron las audiencias de apelación contra la resolución del Juez Federal Carlos Vera Barros, mediante la cual procesó a 30 policías (25 pertenecientes a la Seccional 7ª y 5 a la Unidad Especial de Asuntos Internos) por los delitos de Desaparición Forzada de Persona seguida de Muerte de Franco Casco, Torturas y Encubrimiento Agravado.

Otras quince personas fueron identificadas en la causa como “partícipes secundarias”, y otras cuatro señaladas por el “encubrimiento agravado del delito, en función de su gravedad y revestir la condición de funcionarios públicos”.

Durante estas cuatro semanas, la querella detalló que “las defensas atacaban a Franco y a su familia, hablaban de teorías conspirativas y buscaban infructuosamente refutar toda la prueba que compromete seriamente a los agentes de la seccional por haber detenido ilegalmente a Franco, haberlo sometido a torturas y matado. Ha quedado evidenciado el pacto de silencio existente entre el personal de la comisaría”, fustigaron.

Franco Casco tenía 20 años cuando fue detenido por policías de la comisaría 7ma de Rosario, el 6 de octubre de 2014. Ese día se dirigía hacia la estación de trenes para regresar a su Florencio Varela natal, luego de visitar a su familia. Su cuerpo fue encontrado el 30 de octubre en el río Paraná, luego de que la policía asegurara haberlo liberado. Por este hecho el pasado 2 de octubre el juez federal Carlos Vera Barros resolvió el procesamiento con prisión preventiva de once policías, a quienes encontró como coautores de la desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima y a tres de ellos por la imposición de torturas.