La Multisectorial Contra la Violencia Institucional, un colectivo de organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de Derechos Humanos que acompaña a familiares de víctimas de violencia institucional en la búsqueda de justicia, realizó este viernes un escrache al Fiscal Regional de Rosario, Jorge Baclini, en reclamo de lo que consideran una “inadecuada e insuficiente respuesta judicial, tanto por parte de los jueces como del Ministerio Público de la Acusación” en las causas en las que se investigan posibles hechos de violencia institucional.

La intervención de la Multisectorial se dio durante la presentación del Informe de Gestión de la Fiscalía Segunda Circunscripción correspondiente al periodo 2016, que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNR. "Justicia por los pibes" y "Basta de impunidad y gatillo fácil" fueron algunas de las consignas de los manifestantes durante el acto.

Es que la Multisectorial denuncia que existe una “grave situación de violencia institucional en el Departamento Rosario”. “Se trata de un fenómeno extendido, sistemático y con casos de extrema gravedad, entre los que se cuentan tres desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte”, indicaron en una carta que le entregaron a Baclini.

En ese sentido, criticaron con duros términos la labor del Ministerio Público de la Acusación: “Por un lado, hay investigaciones que directamente no se trabajan, en otras se incumplen los estándares internacionales para la adecuada detección, investigación, producción de pruebas y sanción de estas graves violaciones a los derechos humanos”, apuntaron y concluyeron que “el resultado es la impunidad”. “El inadecuado abordaje por parte del MPA hace posible que estos hechos se sigan repitiendo”, aseveraron.

En la misma carta, la Multisectorial le pide “con carácter de urgente” una reunión entre los familiares de las víctimas y el propio Baclini, “para ponerlo al tanto de la situación en cada caso ante las evidentes posibilidades de que asuma como próximo Defensor Provincial de Santa Fe”.

Procesos cuestionados

La Multisectorial cargó contra “patrones de respuesta policial y judicial inadecuados y que producen impunidad”. Al respecto, criticaron que “en la mayoría de los casos las primeras actuaciones las realiza la policía” e, incluso, “en algunos los mismos policías autores o participes de los hechos”. “Esto permite la construcción de una versión policial de lo sucedido, presentando por ejemplo los casos de uso ilegal de la fuerza letal como enfrentamientos con armas, o legítima defensa ante un intento de robo”, apuntaron. 

Además, consideraron que esa metodología “hace posible, también, la alteración de los escenarios del hecho, la introducción de evidencia falsa y el ocultamiento de evidencia incriminatoria, como por ejemplo plantado de armas de fuego a las víctimas y/u ocultamiento de vainas servidas y balas”.

Pero también hay críticas hacia la Justicia, a la que denuncian por “dilaciones en las investigaciones judiciales y falta de impulso por parte de los fiscales, o directamente la no investigación de los/as policías involucrados/as en los homicidios, intentos por calificar los hechos de manera menos gravosa que la que correspondería y de cerrar las causas con juicios abreviados, esto es sin investigación. Del mismo modo, muchas veces el MPA pretende e impulsa rápidamente el “archivo” de estas causas”.
Sin lugar para los débiles

La Multisectorial criticó también que, a pesar de la incorporación de la figura de la querella en el nuevo ordenamiento procesal penal, “la participación de las víctimas en el proceso confronta dificultades, fundamentalmente cuando la víctima o los familiares que pretenden querellar no cuentan con recursos económicos”. 

“El Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos no querella en estos casos. Sin embargo el MPA, el Poder Ejecutivo, algunos legisladores y la Corte provincial niegan esta potestad a la Defensa (la que a pesar de ello ya ha sido reconocida por tres sentencias firmes). Sin posibilidades de querellar de manera gratuita las víctimas de sectores populares ven coartado su derecho de acceso a la justicia”, agregaron. 

Malos números

Desde el colectivo repasaron las estadísticas respecto a homicidios dolosos y casos de “gatillo fácil” desde el año 2013. “Durante el año 2015 el Registro Provincial de casos de tortura, tratos crueles inhumanos y/o degradantes, malas prácticas y demás afectaciones a los DDHH, perteneciente al MPD, registró 274 casos de víctimas de violencia institucional, 407 casos de torturas y 15 casos de ejecuciones extrajudiciales en la circunscripción judicial de Rosario”, indicaron. 

Asimismo, destacaron que “a pesar de no contar con datos del Ministerio de Seguridad hemos relevado un total de 29 casos de violencia institucional desde que se implementó el sistema nuevo hasta diciembre del año 2015”. “Las víctimas de casos de homicidios producidos por la policía y miembros de las fuerzas de seguridad se caracterizan por ser varones, menores de 30 años y de sectores populares. Este patrón se mantiene en los casos de torturas y malos tratos registrados por el MPD”, cerraron.