El ministerio de Seguridad salió al cruce de la versión sobre la desaparición de libros de guardia de la cárcel de Coronda, necesarios como prueba en la investigación de una denuncia contra dos ex directores del penal por la violación de una suboficial del Servicio Penitenciario (SP).
La cartera que conduce Maximiliano Pullaro calificó como "falsas" las afirmaciones del abogado Martín Mazzeo, que patrocina a la agente penitenciaria que denunció a sus superiores por abuso sexual. Mazzeo había asegurado a Rosarioplus.com que cuando Asuntos Internos del SP fue a secuestrar los libros a la Unidad Penal N°1 correspondientes a la fecha en la que habría ocurrido la violación, estos no estaban y dijeron que se habían perdido.

Desde el ministerio replicaron que los libros "fueron secuestrados en el marco del sumario administrativo por Asuntos Internos Penitenciarios y están a disposición de la autoridad que los requiera".

Desde la Secretaría de Asuntos Penitenciarios aclararon además que vienen cursando notas a la fiscalía de Santa Fe para pedir instrucciones por la situación suscitada. "Nos anoticiamos por los medios de la denuncia e inmediatamente abrimos un sumario y enviamos una comunicación a la Fiscalía para ponernos a disposición y solicitar instrucciones", señalaron.

"Se está aguardando definición -añadieron- sobre la situación procesal de los denunciados para adoptar medidas internamente. Independientemente de eso, el sumario administrativo para esclarecer la situación y establecer responsabilidades, sigue adelante. Estamos ante una situación delicada y de suma gravedad. Tenemos que ser cuidadosos, sobre todo por respeto a la mujer que está pasando por esta situación", dijeron.

Acompañaron la desmentida con la fotografía de unos libros de guardia como prueba de que no desaparecieron. Cotejado con el abogado Mazzeo, este aseguró que a través de otros empleados del SP identificó que cuatro de los nueve libros fotografiados son ajenos al sector donde habría ocurrido la violación.

El comunicado ministerial concluye con que "el hecho denunciado sucedió en julio de 2017 pero recién llegó a conocimiento del Ministerio en octubre de 2019 por una entrevista en medios del abogado de la denunciante.

Hasta ese momento el caso de disponibilidad de la mujer (anterior a la denuncia), se trataba de una cesantía por abandono del servicio".