La detención del presidente de Vicentin, Omar Scarel, expuso una serie de maniobras que ratifican las advertencias que venían haciendo de hace tiempo un grupo de acreedores. Este nuevo escenario condiciona la etapa final del período de gracia que tenía la agroexportadora para reunir las conformidades necesarias que le permitirían convalidar su última oferta.

Este revés para el directorio, y particularmente para su presidente, deja en claro que los fiscales evalúan la existencia de una maniobra delictiva, y que tiene que ver con la venta de activos a su socia Viterra, que la empresa tenía inhibidos por la Justicia. Si bien esto estaba por fuera del marco de la Ley, conformaba parte de la oferta que la agroexportadora puso sobre la mesa a sus acreedores. Ahora está en manos del fiscal Fabián Lorenzini, definir si acepta que Vicentin avance con esta oferta.

Uno de los abogados defensores que viene planteando este tema desde hace meses, es Gustavo Feldman, quien en calidad de apoderado de uno de los acreedores, el último viernes acercó una presentación a los fiscales de la causa penal, detallando los delitos en los que estaba incurriendo la concursada. Transcurrido el fin de semana, el primer día hábil luego de esa presentación se llevaron a cabo los allanamientos en las oficinas de Viterra, socia comercial de Vicentin en Puerto Norte, y en la localidad de Avellaneda, donde detuvieron a Scarel.

En diálogo con Sí 98.9, repasó la presentación que acercaron a los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, y detalló: “Nosotros alertamos sobre determinadas circunstancias, no solicitamos la detención. Sí ejercimos el derechos a ser oídos y explicamos porqué creíamos que no estaba enervado el riesgo procesal con las medidas que en su momento dispuso el juez Lanzón. A partir de ahí el fiscal Narvaja entendió que correspondía detener al señor Scarel”.

En ese texto, Feldman profundizó, en primer lugar sobre la venta de activos, que formarían parte de la última oferta y que conformarían un delito. En ese sentido, en la presentación explicó: “La propuesta contempla pagos para los cuales se deben ejecutar contratos celebrados con los interesados estratégicos, que implican la venta de bienes y acciones cuya disposición se encuentra vedada por las cautelares dispuesta a pedido de esta fiscalía, sin advertir de esto a los acreedores y sin siquiera mencionar su existencia en los contratos que celebró con los interesados estratégicos”.

Más adelante, ahondó en otro capítulo, en el que responsabiliza a los empresarios de llevar adelante la venta de activos, sabiendo que se trataba de una maniobra al margen de la ley. De hecho refirió a la existencia de una cláusula en la que Viterra “podría no exigir el levantamiento de las cautelares y perfeccionar la transferencia de las acciones pese a ello, y entonces cuando se intente en el futuro hacer efectivas las cautelares mediante el decomiso, podría invocar un mejor derecho producto de su compra “de buena fe” y resistir cualquier tipo de desapoderamiento”.

Consultado sobre el impacto de esta presentación en el proceso concursal, Feldman deslizó: “Si bien el fiscal no está obligado a saber lo que pasa en el concurso, acá evidentemente, el riesgo procesal se genera también por la inducción a que 800 acreedores aceptaran la propuesta. La propuesta es una inducción a un proceder ilegal o delictual. Evidentemente había que ponerle un coto a esto. El fiscal entendió que tenía que ser a través de la detención”.