Días atrás el fiscal especial Jack Smith acusó a Donald Trump por cuatro cargos penales en torno a los esfuerzos del expresidente para anular las elecciones de 2020, situación que derivó en el asalto al Congreso estadounidense el 6 de enero de 2021. Como era previsible, el expresidente se declaró inocente, como en las dos oportunidades en las que fue imputado por otros cargos durante este año.

La fiscalía no solicitó la prisión preventiva y Trump, que conserva su libertad, deberá concurrir a una nueva audiencia ante el tribunal el próximo 28 de agosto.

Cúmulo de acusaciones

La fiscalía especial alega que, en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de 2020, Trump utilizó medios ilegales con el objetivo de subvertir los resultados de los comicios.
El primer cargo de conspiración se refiere al presunto uso de “deshonestidad, fraude y engaño” por parte del expresidente para defraudar a los Estados Unidos. El segundo, es el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial y se basa en los supuestos intentos del exmandatario por evitar que la victoria de Joe Biden fuera certificada en el Congreso y en sus afirmaciones sobre presunto fraude electoral. El tercero es el de obstrucción de un procedimiento oficial, directamente relacionado con el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Congreso. Y el cuarto, es el de conspiración contra los derechos de la ciudadanía, al considerar que Trump atentó contra el derecho al sufragio y contra el recuento de votos. Las penas oscilan entre 5 y 20 años de prisión.

En definitiva, Trump puso en tela de juicio el sistema electoral estadounidense, pilar sobre el que se asienta el gobierno federal y parte sustancial de la credibilidad sobre el conjunto del sistema
político.

La acusación de la fiscalía menciona a seis cómplices no identificados del exmandatario -cuatro abogados, un funcionario del Departamento de Justicia y un asesor político- que fueron descriptos como co-conspiradores. Los seis habrían ayudado a Trump a difundir las falsas afirmaciones de fraude electoral.

Estas nuevas acusaciones se agregan a 40 cargos reunidos en una acusación federal anterior relacionada con el mal manejo de documentos clasificados. Recuérdese que en los Estados Unidos, los documentos oficiales pertenecen invariablemente al Estado y no a los funcionarios. También se suman a 34 cargos penales por delitos de falsificación de registros comerciales en Manhattan, vinculados a un supuesto esquema de pago de dinero secreto y encubrimiento que involucra, entre otros, a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels.

Este último caso es interesante. En 2016 Trump habría ordenado el pago de 130 mil dólares a Daniels para obtener su silencio dado que mantuvo una relación extramatrimonial con ella. Hasta allí no hay nada ilegal. Pero sucede que el pago se habría hecho bajo un registro falso -figura como “honorarios legales”- incurriendo en una falsificación de registros comerciales, lo cual sí es un delito. Además, el pago violaría la ley electoral estadounidense, porque su objetivo habría sido evitar que los votantes supieran que Trump tuvo una aventura con una estrella porno y que esa noticia resintiera su imagen frente el electorado.

Ante semejante cúmulo de acusaciones, las probabilidades de Donald Trump de ir a prisión aumentan considerablemente. Los datos que ponen todo esto en otra perspectiva son, en primer lugar, que el multimillonario es precandidato a presidente por el Partido Republicano para las elecciones que se celebrarán en noviembre del año que viene, y en segundo lugar, que los sondeos de opinión le sonríen.

Futuro incierto

Sesgo de confirmación mediante, quienes creen en el expresidente lo hacen irracionalmente y
suponen que cualquier acusación en su contra no es más que una argucia del gobierno de Joe Biden y del Partido Demócrata para evitar que vuelva a la Casa Blanca. Pero ¿tiene posibilidades reales de hacerlo?

El diario The New York Times realizó distintos sondeos de opinión recientemente. El que se refiere a las elecciones internas del Partido Republicano señala que Trump reúne el 54 por ciento de intención de voto frente a su inmediato competidor, el también conservador gobernador del Estado de Florida, Ron DeSantis, quien alcanza 17 puntos porcentuales. Mucho más atrás se encuentra Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Trump, con sólo 3 puntos.

Pero hay otro sondeo realizado por The New York Times y Siena College, que señala que si las presidenciales se realizaran ahora, Trump y Biden empatarían en 43 puntos. Resta un 14 por ciento de indecisos que, mayoritariamente, se manifestaron reactivos a votar por Trump. Sin embargo, el sistema de elección presidencial en los Estados Unidos es indirecto, es decir que puede ocurrir -como en 2016- que el candidato más votado no consiga mayoría en el Colegio Electoral y, por lo tanto, pierda la presidencia. Recuérdese que ese año Hillary Clinton obtuvo dos millones de votos más que Trump, pero fue el multimillonario quien se quedó con la primera magistratura.

Especulaciones

En virtud lo anterior y, con la perspectiva de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 cabe preguntarse ¿podría Donald Trump ser elegido presidente si es condenado? Hay un interesante debate abierto en los Estados Unidos respecto de este asunto y sus derivaciones. 

El Poder Judicial no tiene resuelto definitivamente el tema, pero existe una opinión extendida de que ni una acusación ni una condena impedirían legalmente que Trump fuera elegido. En el pasado no sólo se han presentado a cargos federales delincuentes convictos sino que, al menos uno lo hizo con relativo éxito. En 1920 Eugene Debs, un socialista que cumplía en prisión su condena por espionaje, obtuvo más de 900 mil votos como candidato a presidente.

El argumento jurídico que se encuentra detrás de esta extendida opinión es que sólo la Constitución fija las normas que un candidato deben cumplir para ser presidente. Y el texto constitucional señala solamente tres condiciones para que una persona aspire al cargo: haber nacido en los Estados Unidos, haber residido en el país al menos 14 años y tener 35 años de edad o más. Ni el Congreso ni los Estados pueden añadir nada a esas cualificaciones.

Es decir que, a priori, la Constitución no impide a nadie, ya fuera acusado, condenado, o incluso encarcelado, que se presente como candidato a presidente y gane. Pero ¿podría ejercer el cargo desde la prisión? Eso está menos claro. La Constitución no dice nada al respecto y, de suceder, sería algo absolutamente novedoso y hasta teóricamente factible. Eso conduce a otra pregunta. En caso de ser encontrado culpable y condenado a prisión ¿podría Trump indultarse a sí mismo si se convirtiera en presidente? No existe antecedente alguno en la materia, pero podría suceder, aunque también es factible suponer que se solicitaría al respecto un posicionamiento de la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, debe considerarse que la actual composición del máximo tribunal, es mayoritariamente conservadora. Eso se debe a que durante su mandato, Trump completó la composición de la Corte mediante la designación de dos jueces conservadores, rompiendo el histórico equilibrio existente entre liberales y conservadores. La actual composición, con 6 jueces conservadores frente a tres liberales, garantizaría una opinión favorable a Trump en este punto.

Las particularidades del sistema electoral y del sistema político estadounidense no terminan allí. Curiosamente, si Trump fuera finalmente condenado por un delito grave a nivel federal, quedaría inhabilitado para votar. Al menos hasta que hubiera cumplido la sentencia.

Una última especulación podría traducirse entonces en esta pregunta ¿se arriesgará la ciudadanía de los Estados Unidos a transitar todos esos inciertos y desconcertantes caminos?