Mercado Libre salió al cruce del Gobierno de Santa Fe tras las declaraciones del ministro de Economía, Pablo Olivares, quien acusó a la empresa de aplicar un aumento de costos en sus servicios como represalia por los cuestionamientos oficiales sobre la presencia de dispositivos de cobro en búnkeres narco. La compañía liderada por Marcos Galperín respondió con un duro comunicado en el que defendió su política de comisiones diferenciadas por provincia y rechazó cualquier vinculación con actividades delictivas.

“La suba de Ingresos Brutos de la Ley Fiscal 2025 encarece la actividad de miles de emprendedores, PyMEs y comercios. Difamar no baja Ingresos Brutos”, señaló Mercado Libre en un comunicado. Según la empresa, el incremento en los costos para operaciones en Santa Fe responde exclusivamente a la mayor presión impositiva de esa jurisdicción, y no a ningún tipo de represalia o actitud retaliativa.

La polémica escaló luego de que Olivares apuntara directamente contra la compañía, asegurando que los dispositivos point de Mercado Pago aparecen “en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga”. Ante esa acusación, la empresa respondió con firmeza: “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de vincular nuestra plataforma con actividades delictivas”. Además, remarcaron que colaboran activamente con las autoridades para prevenir ilícitos y garantizar la trazabilidad de las operaciones.

Mercado Libre también recordó que en mayo de este año desarrolló un plan de capacitación específico junto a funcionarios provinciales y la Policía de Investigaciones de Santa Fe. Según detallaron, cuentan con tecnología y sistemas de inteligencia de datos que permiten detectar y sancionar conductas ilegales en sus plataformas. “Nuestra colaboración con organismos federales, provinciales y municipales es constante”, agregaron.

La decisión de la empresa de modificar sus comisiones a partir del 8 de julio afectará directamente a usuarios de Santa Fe, Córdoba y Jujuy, donde, según argumentan, el impuesto a los Ingresos Brutos es superior al promedio nacional. En contraste, bajarán los costos en provincias como Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero. La medida generó un fuerte malestar en la administración santafesina, que considera que se trata de una maniobra empresarial contra sus decisiones fiscales.