Perder el trabajo no solo significa quedarse sin paga a fin de mes, también implica perder la cobertura de salud. La propia y la de la familia. Al quedarse sin cobertura, la opción lógica es orientarse hacia los profesionales y centros de salud que conforman la red de salud pública. Un fenómeno que, aseguran autoridades sanitarias del municipio, se viene sintiendo con fuerza en la ciudad junto a otro fenómeno: gente que no puede costear obras sociales o prepagas y toma la misma decisión de quienes se quedaron sin trabajo. 

El año pasado la red de centros de salud municipal abrió 16.500 expedientes nuevos, de personas que se acercaron a los 50 centros de salud que dependen del gobierno local, distribuidos por toda la ciudad.

Después de entrevistar a los pacientes, las autoridades sanitarias locales conocieron que un 30 por ciento habían llegado a las guardias públicas porque algún integrante de la familia había perdido el trabajo entre 2015 y 2016, y por consiguiente, también se quedaron sin cobertura en salud.

También llegaron porque “se mudaron de efector”, de uno provincial a otro municipal.

Otro grupo se sumó porque no pudieron seguir pagando sus obras sociales o prepagas, que subieron sus aranceles –la Nación autorizó en 2016 aumentos de hasta 42 por ciento porque perdieron afiliados, también por la baja en el empleo. Además de aumentar lo que se paga mensualmente, hubo otra decisión contra los afiliados: endurecieron auditorías, para definir qué se costea y qué no a la hora de cubrir internaciones, prácticas y medicamentos.

Lo cierto es que pocas obras sociales cuentan con centros de salud exclusivos para los afiliados, como el Rosendo García –donde se atiende trabajadores de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM)– o los efectores del Pami. La mayoría terceriza en sanatorios y también en la salud pública. 

El secretario de Salud local, Leonardo Caruana argumentó a Rosarioplus.com que si bien los ciudadanos con cobertura suelen usar la red pública, este aumento tiene que ver con “la inestabilidad laboral” y a la vez la buena calidad del servicio.

Según explicó, la baja en el empleo hace que descienda la cantidad de afiliados de las obras sociales, lo que lleva a una suba de los costos. “En estos contextos, la población migra a los sistemas de salud pública”, analizó el funcionario. Otra parte de los ingresos fue de personas que no se atendían antes en ningún lugar.

Que las personas con cobertura se atiendan en la salud pública no es extraño para las autoridades locales. En los cálculos, entre un 10 y 18 por ciento de las internaciones y tratamientos ambulatorios en centros de salud del municipio son de personas con cobertura, incluyendo jubilados de Pami. Los dineros por esas prácticas, incluso también por medicamentos, vuelven a las arcas del municipio. “No podemos rechazar una atención. Asesoramos a las personas para que usen los servicios que la obra social le descuenta por mes”, apuntó el secretario.

Las obras al día

Consultado sobre la situación, desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Eduardo Javkin aseguró que el cambio no se sintió en los centros privados. “La demanda es la misma", sostuvo en diálogo con Rosarioplus.com. Aunque reconoció, de todos modos, que la migración del sistema privado al público es "probable" ya que es un fenómeno "habitual en las épocas de crisis”. En 2016 el Ministerio de Salud nacional autorizó varias subas de las cuotas en los plantes de obras sociales. En total, fue un 42,6 por ciento más que en 2015. Algo similar ocurrió con las prepagas, que aumentaron un 52,5 por ciento.