Uno de los capítulos de la histórica deuda que reclama Santa Fe por los fondos de coparticipación mal detraídos tiene que ver con los costos que tuvo que afrontar el Estado provincial para sostener el pedido a Nación. Esto involucra a los reconocidos abogados Ricardo Gil Lavedra, Gabriel Bouzat y el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rozenkrantz.

Durante el año 2015, Eduardo Toniolli, en aquel entonces diputado provincial, hoy legislador nacional, había presentado un pedido de informe para conocer dos cuestiones al respecto: en primer lugar, cuánto le correspondía cobrar a los letrados que el gobierno de turno (Hermes Binner) contrató, y en segundo lugar por qué la contratación se dio de forma directa y no a través de una licitación.

El acuerdo del Frente Progresista con Gil Lavedra para canalizar el reclamo por los fondos coparticipables se dio durante un período en el que el constitucionalista se mostraba como una de las caras visibles del radicalismo, previo a la victoria electoral de Mauricio Macri camino a la presidencia. La contratación incluía también a los abogados Gabriel Bouzat y Carlos Rozenkrantz (luego miembro y presidente de la Corte), titulares del estudio Bouzat-Rozenkrantz.

En diálogo con Rosarioplus.com, Toniolli explicó que en ese entonces generó sospecha el hecho de que no se informaran los honorarios de los abogados, que serían cubiertos con fondos provinciales, y además advirtieron que tanto Gil Lavedra como Rozenkrantz habían sido contratados por mantener un contacto estrecho con miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero Gabriel Bouzat también quedó en el ojo de la tormenta, ya que estuvo sindicado como un profesional que litigó en varios juicios con demandas similares por parte de otras provincias. 

Seis años después de la presentación, no hubo novedades al respecto y todavía sigue siendo una incógnita el monto que la provincia deberá pagarle a ambos estudios jurídicos una vez que Nación desembolse los montos. De acuerdo con lo que trascendió al momento del pedido de informe, el contrato celebrado entre provincia y los abogados, establece el pago de un monto una vez que Nación cumpla con la deuda.

“Una de las cuestiones que figuraba en el pedido de informes era que queríamos tener acceso al contrato, ya que el comentario que circulaba en los medios era que lo que había acordado el estudio era quedarse con el 30% de lo que obtuviera la provincia en caso de haber un fallo positivo, lo cual habla de un monto multimillonario”, deslizó el legislador peronista, hoy en el Congreso de la Nación.

Otro de los cuestionamientos tuvo que ver con la modalidad de contratación de los magistrados. “Un contrato de esas características tenía que hacerse con licitación pública, cosa que no se había hecho, y se hizo por contratación directa. El reclamo era para qué se apeló a esos magistrados existiendo la Fiscalía de Estado y abogados en la provincia”, agregó Toniolli.

Tras el pedido de informe, el único que salió a responder fue Jorge Barraguirre, procurador general de la Corte Suprema provincial. Explicó que había "un análisis exagerado y erróneo de la situación". Se refirió a una cifra cercana a los 2 millones de pesos desembolsados hasta ese momento para costear el patrocinio, descartó de plano el pago del 30% sobre el total de la deuda, pero no dio demasiados detalles sobre los contratos.

Otra de las particularidades del caso, tiene que ver con que en caso de que los abogados terminen cobrando, Carlos Rozenkrantz terminará recibiendo su parte, siendo que integra el tribunal que decidió sobre el fallo. Si bien su contratación fue antes de ser ministro de la Corte, terminará cobrando por una decisión de la que fue partícipe.   

El fallo salió, falta cobrar

A mediados de diciembre, la Corte (que ahora Rozenkrantz integra) dictó un fallo que obliga a Nación a devolver una cifra cercana a los 86 mil millones de pesos.  Se trata de $ 54.023.114.304 millones por una causa y $ 14.036.708.553 por la otra, y otros $ 18.000 millones por una queja idéntica radicada en la Corte en 2009.

Resta definir la modalidad y el plazo de cumplimiento con la deuda, pero se espera que este sea el momento para conocer cuánto le debe realmente la provincia de Santa Fe a los abogados Ricardo Gil Lavedra y Carlos Rozenkrantz.