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La norma establece “la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes”.
"Es necesario capacitar en perspectiva de género al personal del Estado porque si se sigue actuando del mismo modo no van a obtenerse resultados diferentes. Hasta aquí no se ha logrado detener la epidemia de violencia contra las mujeres, lesbianas, trans, travestis y todas las identidades que no responden a la norma heteropatriarcal. No se ha logrado revertir las causas estructurales profundas de la desigualdad entre varones y mujeres que es el origen primero de la violencia de género” analizó la diputada.
Si bien reconoció “enormes avances en la situación de las mujeres”, también consignó que “la lectura de las páginas policiales de los diarios en todo el país nos sigue mostrando la incapacidad del Estado para frenar la violencia. Entonces hay que transformar al Estado, hacerlo eficaz, y la capacitación de las personas que actúan en su nombre es imprescindible para ello".