El gobernador Maximiliano Pullaro consiguió prorrogar por un año las emergencias social, sanitaria y educativa a través de un trámite exprés en ambas cámaras de la Legislatura santafesina.

Aunque el oficialismo logró los votos necesarios, el tratamiento acelerado generó fuertes cuestionamientos, tanto por el contenido del proyecto como por la falta de debate.

La prórroga otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias en esas áreas, con el objetivo de agilizar trámites y decisiones que, en condiciones normales, dependen del Poder Legislativo.

En el Senado el proyecto fue aprobado por unanimidad en pocos minutos, aunque el peronismo rechazó el artículo 2, que habilita al gobernador a solicitar una nueva prórroga cuando venza el plazo actual. “De acá a un año sería importante que esta Cámara pueda evaluar los resultados obtenidos”, planteó el senador Rubén Pirola.

En Diputados, la votación fue un poco más dividida, aunque también holgada: 31 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Tres diputados peronistas (Alejandra Rodenas, Miguel Rabbia y Verónica Baro Graf) rechazaron específicamente el artículo 2. Además, hubo cinco ausencias.

Argumentos cruzados

Desde el oficialismo, la radical Silvina Di Stefano sostuvo que la emergencia permite "seguir dotando al Gobierno de herramientas frente a la crisis y al recorte de políticas nacionales". En la misma línea, la socialista Gisel Mahmud defendió la ley porque "trata de buscar agilidad antes los trámites burocráticos largos” 

Los rechazos vinieron desde la izquierda y la derecha. El Frente Amplio por la Soberanía (FAS), por ejemplo, votó en contra. Fabián Palo Oliver argumentó que las condiciones actuales no son las mismas que en diciembre de 2023, cuando se votó la primera emergencia. También señaló que el Gobierno no cumplió con la creación de una comisión bicameral ni con la obligación de informar trimestralmente las compras.

Su compañera Claudia Balagué cuestionó la narrativa oficial: “No hay una catástrofe educativa. Sí hay problemas, que deben solucionarse con políticas públicas”.

El diputado Juan Argañaraz (Inspirar) criticó la velocidad del tratamiento: “Nos pasaron este proyecto cuando ya estábamos en labor parlamentaria. Es una emergencia para conseguir la emergencia”. Amalia Granata (Somos Vida) fue aún más dura: “Es un papelón”, dijo.

Granata agregó que Santa Fe “no está en emergencia” y denunció que “los recursos van a la política y no a la gente”. Su compañera Silvia Malfesi sumó una lista de críticas: “Mil millones de dólares, una Corte adicta, una Constitución que le permitirá ser reelecto y ahora la emergencia”.

Desde Hacemos Santa Fe, bancada que se abstuvo, también llegaron cuestionamientos. Celia Arena recordó que ni siquiera en pandemia se aprobó una ley con tanta rapidez. “Nos hubiera gustado debatir porque la situación social y educativa es crítica y puede agravarse”, advirtió.

Su compañero Marcos Corach reclamó mayor acceso a la información. “Estamos mendigando datos para discutir un proyecto importante”. Arena resumió la postura de su bloque: “Nos abstenemos, no votamos en contra, porque entendemos la situación. Pero faltó discusión”.