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La disputa entre Nación, la Provincia y la Municipalidad de Rosario tiene un nuevo episodio, pero esta vez en la pelea discursiva quedaron atrapados los jubilados afiliados al Pami. El socialismo local recogió el guante y salió a contestarle a la interventora del Pami en Rosario, quien apuntó contra las gestiones provincial y municipal por la demora en las obras necesarias para la reparación del actual Pami 2, ubicado en Arroyito.

Una vez más el estado de los policlínicos de la obra social de los jubilados vuelve a desatar la polémica. Si bien la misma interventora de Pami Rosario, Milva Sánchez, se lamentó de que la situación termine por politizarse, fue quien encendió la mecha al cuestionarle voluntad política al socialismo.

Los fondos estarían garantizados por el gobierno nacional que dispone de 800 millones para reacondicionar el inmueble de Olivé al 1100 pero, según Sánchez, Pami necesita un contrato de locación otorgado por la Provincia y el ok de la intendencia para exceptuarlo del catálogo de valor patrimonial que no acaba por llegar.

Lo cierto es que el asunto ya encontró ribetes políticos, en medio de la disputa entre el socialismo provincial y la administración nacional, tras los cruces entre el gobernador Miguel Lifschitz y el presidente Mauricio Macri.

Respuesta local

Quien salió a contestar de parte del socialismo fue el secretario de Planeamiento, Pablo Ábalos. "Le pedimos que no confunda a la población: la reparación de los ascensores y de la calefacción, que a todas luces resulta de primera necesidad, no tiene más trabas que la voluntad del gobierno nacional por iniciar las obras", afirmó.

El funcionario pidió "separar la paja del trigo: una cosa es la ejecución de estas obras que se vislumbran como muy necesarias a la luz del estado de situación de los pacientes, y otra muy diferente es la construcción del nuevo edificio, que requiere una serie de trámites, tanto en el municipio como en el Concejo".

En cuanto a la acusación de Sánchez, respecto del contrato de locación que debería disponer la gobernación, Ábalos dijo: “La cuestión dominial que plantea la interventora del órgano nacional no modifica la necesidad de realizar el trámite legislativo para que el Concejo descatalogue el inmueble del listado de valor patrimonial y habilite las reformas”.

Para finalizar, el secretario fue tajante al decir que "de ninguna manera existe falta de voluntad política para solucionar los problemas de nuestros jubilados. Creemos que la funcionaria nacional está equivocada y no hace más que patear la pelota hacia otro lado, eludiendo sus responsabilidades".