El balotaje que tuvo lugar en Colombia el domingo 19 de junio fue histórico por varios
motivos. Con un 58 por ciento de participación, fue la elección con más alta concurrencia
en más de 20 años. Fue la primera vez en la que ninguna agrupación política tradicional
alcanzó la segunda vuelta electoral. Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente
procedente de la izquierda popular en la historia del país. Y es la primera vez que una
mujer afrodescendiente -Francia Márquez- alcanza un cargo de la magnitud de la
vicepresidencia.

Petro

Pese a que la aritmética indicaba que tenía amplias chances de ser derrotado si el
electorado de derecha votaba por su contrincante, Petro venció por tres puntos
porcentuales a Rodolfo Hernández. La campaña carismática -por momentos demagógica-
de Hernández no alcanzó para imponerse al proyecto de reforma profunda representado
por Petro. Francia Márquez jugó un rol clave para sumar a sectores históricamente
postergados como los afrodescendientes y los pueblos originarios, además de ampliar el
espectro de votantes en virtud de su visión feminista y de igualdad de género.

La victoria de Petro, economista y experto en ambiente es tan significativa que es
interpretada como parte de un proceso histórico iniciado con la Constitución progresista
de 1991, que atravesó complejos procesos paz con las guerrillas y ahora se cristaliza con
la presidencia, desde donde se espera revertir la desigualdad y la violencia, dos males
que arrastra Colombia.

Durante décadas, el proyecto progresista que esta vez Gustavo Petro supo articular
mediante el frente denominado “Pacto Histórico”, no alcanzó suficientes adeptos para
ganar la presidencia, entre otras razones porque la mayor participación electoral
corresponde a aquellas regiones en las cuales la pobreza y la violencia no se padecen
descarnadamente. Esta vez, el candidato logró incrementar la participación en las
periferias más pobres del país, en las costas del Caribe y del Pacífico, y convencer
además a una gran cantidad de escépticos de que no llevaría a Colombia por el camino
de la vecina Venezuela.

El futuro de Colombia

El gobierno que Petro y Márquez iniciarán a partir de agosto podría cambiar
sustancialmente el futuro del país. Si se asume que seguirá un programa acorde a las
promesas de campaña, el futuro de Colombia podría contemplar a grandes rasgos, lo
siguiente.

Una de las primeras decisiones consistiría en suspender la exploración petrolera para
iniciar la transición energética. Petro sostiene que el país tiene reservas de petróleo para
abastecerse durante 12 años. Esta medida es polémica dado que generaría un impacto
notable si se tiene en cuenta que los dividendos que Ecopetrol genera al país son
multimillonarios.

El presidente electo plantea un cambio radical del sistema previsional y apunta a que los
aportes se realicen de manera obligatoria al sistema público hasta los cuatro salarios
mínimos. A partir de ese monto hacia arriba, se podrá aportar a los fondos privados.
Adicionalmente, anunció que tomará parte del flujo de dinero aportado a los fondos
privados para entregar un bono a los adultos mayores que no lleguen a jubilarse.

Petro también aspira a reformar el sistema de salud e implementar un modelo único, sin
regímenes contributivo y subsidiado, y que sea financiado por impuestos progresivos y
cotizaciones equitativas. Buscará un modelo de salud integral que priorice la promoción y
la prevención. Esto es similar a lo que implementó en algunas localidades cuando fue
alcalde de Bogotá, en las que el médico iba a los barrios y a las casas. La idea es que la
atención primaria recaiga principalmente en la red pública de salud y para las
intervenciones de mayor complejidad se involucre a los privados.

Una de las promesas que más expectativa despierta es la del “desmantelamiento pacífico”
del narcotráfico, que consistiría en “procesos jurídicos de sometimiento colectivo a la
justicia” de los grupos criminales, algo que implica beneficios jurídicos a cambio de la no
repetición de la actividad narcotraficante. Como parte de este propósito, Petro estaría
dispuesto a que se revisara la figura de la extradición con los Estados Unidos.

Otra de las prioridades del nuevo gobierno será la implementación de una reforma
tributaria que le permita recaudar más de 12 mil millones de dólares adicionales al año.
Para lograrlo, espera acabar con buena parte de las exenciones tributarias que hay en el
país y que sumarían cerca del 3,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) anual.

También podrían aumentarse los impuestos a los dividendos, que son las ganancias o
beneficios que una compañía reparte entre sus accionistas. Los economistas más
conservadores afirman que, de prosperar estos proyectos, podrían espantar la inversión
extranjera, generar una estampida de capitales, disparar el dólar y generar desempleo.

En materia de desarrollo social Petro anunció un paquete de medidas que contempla, por
ejemplo, otorgar el equivalente a 125 dólares mensuales a un millón de mujeres madres
jefas de hogar con hijos en la primera infancia. Planteó mejorar los créditos de acceso a la
vivienda e inclusive, impulsar la legalización de los barrios que las familias han
autogestionado. Pero uno de los programas más ambiciosos y novedosos es en el que
señala que el Estado será empleador de última instancia de las personas que no
encuentren trabajo en las empresas privadas y públicas, a las que se les pagaría un
salario mínimo por sus labores en obras cerca de sus casas. Aún no está claro el costo
que eso tendría para el fisco.

Sin duda, uno de los pilares del nuevo gobierno será la protección del ambiente y la lucha
contra el cambio climático. Petro y Márquez apuntan a desarrollar el Sistema Nacional
Ambiental en defensa de la vida, con el que se buscará incorporar a diferentes sectores
de la sociedad en la planificación y las decisiones ambientales y la diversidad cultural.

También se esperan avances sustanciales en la distribución de la tierra, los métodos de
explotación ganadera, impulso a la energía solar y a las fuentes renovables basadas en
los potenciales disponibles en cada región del país.

En lo que se refiere a la política exterior, el cambio más drástico que se espera es el
restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. La
intención es lograr, en el mediano plazo, la apertura total de la frontera con Venezuela. No
está claro aún qué sucederá con la protección que brinda la gestión de Maduro a los
grupos que delinquen en Colombia y que, de inmediato, cruzan la frontera. Tampoco está
suficientemente claro cómo impactará ésta medida en la relación bilateral con los Estados
Unidos, aunque a priori se percibe receptividad por parte del gobierno de Joe Biden.

Obstáculos

Lejos de tener el camino allanado para implementar su programa de gobierno, Gustavo
Petro enfrentará una de las más duras oposiciones en el Congreso de las que se tenga
registro. Las elecciones dejaron a los sectores de centroderecha con una cantidad de
legisladores suficientes para obstaculizar el despliegue de las normas que Petro requerirá.
A su vez, el centroderecha tradicional deberá evaluar cuidadosamente si trabar la gestión del nuevo gobierno no podría costarle nuevos reveses electorales que lo condenaran a la
irrelevancia.

La dirigencia política clásica no será el único sector cuya resistencia deberá enfrentar el
presidente electo. Algunas instituciones tradicionales e insoslayables para el sistema
democrático prometen ser un hueso duro de roer. Tal es el caso de las Fuerzas Armadas,
la Procuraduría y la Fiscalía General, instituciones con las cuales Petro se ha enfrentado
en el pasado reciente.

Los sectores conservadores y tradicionalistas de la vida política y social colombiana
temen por sobre todo dos cosas: que Petro se perpetúe en el poder -como ha sucedido
con otros líderes progresistas latinoamericanos- y que modifique la Constitución Nacional.

Respecto del primer punto, Petro dejó saber que se necesitan tres gobiernos para
implementar las propuestas del Pacto Histórico, pero que él sólo apunta a completar su
mandato que no tiene posibilidad de reelección en Colombia. En cuanto al segundo temor,
la Constitución de 1991 es progresista y garantista. En tal sentido, cambiarla podría
suponer un peligro y hasta un retroceso. A diferencia de otros países latinoamericanos
donde se constituyeron gobiernos progresistas que tenían las manos atadas por textos
constitucionales conservadores, en Colombia no sucede lo mismo.

Más que nunca el futuro de Colombia está en manos de la capacidad de Gustavo Petro
de implementar reformas sustantivas con firmeza y, al mismo tiempo, con moderación.