La Cámara de Diputados de la provincia le otorgó media sanción a la Emergencia en Seguridad y en el Servicio Penitenciario en la provincia de Santa Fe. Este miércoles se trataría en el Senado y, en caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

La emergencia en Seguridad es un proyecto de la diputada del Partido Socialista, Lionela Cattalini, y otorga 3000 millones de pesos extra en el presupuesto. La iniciativa vinculada al Servicio Penitenciario, es autoría del senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola (PJ).

A través de la declaración de emergencia en seguridad pública el Ejecutivo está facultado para reestructurar los suplementos salariales y ampliar las partidas necesarias para los gastos en seguridad, así como "proceder a la construcción, refacción y/o modernización de inmuebles destinados a dependencias de las fuerzas de seguridad, poner en valor y funcionamiento la nueva infraestructura orientada a la operatividad policial en la ciudad de Rosario, como así también la elaboración de programas de abordaje integrado con los gobiernos locales".

El gobierno contará con un fondo de 3.000 millones de pesos, "financiado con aportes de Rentas Generales del Tesoro Provincial para atender lo atinente a la emergencia en seguridad y del servicio penitenciario; el cincuenta por ciento (50%) de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, conforme al Decreto N° 1698/08; aportes provenientes de programas del Estado Nacional; aportes provenientes de organismos multilaterales y donaciones, legados y subvenciones".

Además, el Ministerio de Seguridad estará en condiciones de elaborar un plan  para sumar patrulleros o reparar la flota de vehículos de la que dispone. "También se podrán comprar sistemas de video vigilancia en convenios con municipios y comunas, como así también todo equipamiento y tecnología para fortalecer el sistema de seguridad pública y el Servicio Penitenciario", afirma el texto.

En cuanto a las cárceles, el proyecto autoriza al gobierno a "ejecutar un plan de equipamiento en las unidades penitenciarias para la provisión e instalación de equipos o sistemas de inhibición de señal o de llamadas de telefonía móvil o internet inalámbrica, garantizando que el bloqueo de señal no perjudique o afecte los servicios de comunicaciones en las zonas cercanas de las unidades penitenciarias".

Además, el Ministro de Seguridad deberá presentarse cada seis meses ante la Legislatura para rendir cuentas sobre su instrumentación.