En medio de la discusión por los tarifazos en los servicios, el gobierno nacional busca compartir sus costos fiscales y políticos. Por eso citó a los responsables de la Energía de las diferentes provincias para proponerles que absorban las subas a partir de la rebaja de los componentes impositivos de las facturas de gas y energía.

El ministro del área, Juan José Aranguren, pondrá sobre la mesa del Consejo Federal de Energía la necesidad de extender la tarifa social de gas, pero se ampliará al tema a la tarifa eléctrica. La vuelta de tuerca que piensa Nación es que las provincias ajusten en lo impositivo.

La factura de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) tiene dos componentes que podrían retocarse: el 1,5% de electrificación rural que está vigente de hace dos años, y el 6% del Fondo de municipios y comunas. Según la secretaria provincial de Energía, Verónica Geese, en Santa Fe hay un componente impositivo muy bajo. Y propuso que Nación revise el IVA, que está en un 27,5%, retrucó la funcionaria del Frente Progresista.

Fue una semana caliente que generó chispazos en Cambiemos y protestas callejeras. La nueva estrategia del gobierno parece querer sumar responsables a la crisis de las tarifas y por eso vio en las provincias a potenciales participantes.

Hace dos semanas, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz hizo una serie de anuncios referidos a las tarifas de energía y al impacto que éstas tienen en los bolsillos de los usuarios, sobre todo en comerciantes e industriales. Por eso solicitó mediante una carta al Ministerio de Energía de la Nación que no haya nuevos incrementos en la energía mayorista, que se disminuyan los intereses de mora del sistema interconectado, y que se incorpore a Santa Fe al régimen especial de subsidios.