Ministerio de Seguridad: denuncias de espionaje, internas y el rol del MPA
Allanaron las sedes Santa Fe y Rosario y secuestraron celulares de funcionarios de alto rango. La denuncia fue impulsada por legisladores que responden a Pullaro, ex Ministro de Seguridad. El equipo que había dejado Sain renunció de forma masiva. Los pases de factura parecen incluir al MPA
Este viernes, dos allanamientos sacudieron la política santafesina: la policía del Organismo de Investigaciones se hizo presente en las sedes Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad y secuestró documentación y seis celulares de funcionarios de alto rango. Los operativos los coordinó el Fiscal de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, en una causa que investiga un presunto espionaje ilegal por parte de la gestión del ex Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, a "empresarios, políticos y periodistas". También se investiga otra causa, por presuntas irregularidades en una compra de armas que, finalmente, no se concretó.
La segunda denuncia fue impulsada hace unos meses por los diputados Juan Cruz Cándido y Lionela Cattalini. Ambos responden al ex Ministro de Seguridad, y también diputado, Maximiliano Pullaro. De hecho, Pullaro fue uno de los primeros dirigentes de la provincia en expresarse al respecto, en su cuenta de Twitter.
Algunas de las oficinas allanadas fueron las del secretario de Seguridad, Germán Montenegro, del secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas y del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez. A Montenegro, el hombre de mayor confianza del ex Ministro de Seguridad y ex Director del Organismo de Investigaciones (destituido hace semanas por la Legislatura), Marcelo Sain, le secuestraron el celular.
Horas después se confirmó la renuncia de todo el equipo de Sain del Ministerio de Seguridad, algo que se rumoreaba desde hace días, con la confirmación de que Sain será uno de los asesores del Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.
Los que presentaron su dimisión fueron Montenegro, Novas, Álvarez, Emiliano Mongia (subsecretario de Prevención y Control Urbano), Diego Llumá (subsecretario de Seguridad Preventiva), Carla Pecorini (dirección provincial de Centros Territoriales de Denuncias), Federico Llumá (director de Comunicaciones), Ramiro Cortese (asesor), Diego Rodríguez (subsecretario de Control), Nadia Schujman (asesora) y Sebastián Sánchez (dirección de Análisis Criminal).
Desde hace semanas la conducción del Ministerio de Seguridad está partida. La columna vertebral de esa cartera fue la que incorporó Sain, mientras que la conducción quedó en manos del actual Ministro, Jorge Lagna. Mientras, el gobernador Omar Perotti intenta conformar una mesa de diálogo con la oposición para abordar la problemática de la inseguridad y el impresionante crecimiento de la violencia en Rosario en la última década. Algo que parece poco probable, ya que ni siquiera hubo acuerdo para tratar el paquete de leyes de seguridad que el Ejecutivo envió hace más de un año a la Legislatura.
Acusaciones cruzadas
Apenas inició su gestión en Seguridad, Sain impulsó una denuncia contra su predecesor en el cargo, Pullaro, por haber pagado con fondos reservados del Ministerio la defensa de los policías acusados de desaparecer y asesinar a Franco Casco.
Ahora es Pullaro quien impulsa las denuncias contra Sain por presunto espionaje ilegal y por compra de armas. Sain sostiene que el proceso de destitución en su contra fue armado por "militantes del radicalismo" que responden a Pullaro y que trabajan en el MPA. Calificó además al Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, de responder políticamente al actual diputado. "Pullaro es el jefe de Baclini", enfatizó.
La destitución de Sain provocó además una serie de acusaciones con munición gruesa en la Legislatura. Mientras el senador Lisandro Enrico afirmó que Sain le provocó un "grave daño institucional a la provincia", el diputado Leandro Busatto sostuvo que "hubo sectores que se movieron en nado sincronizado" para removerlo y que su reemplazante en el OI es Víctor Moloeznik, quien en Twitter mostró sus posiciones políticas, cuestionando al kirchnerismo y a Perotti.
¿Y el MPA?
Ezequiel Hernández, quien ordenó los allanamientos a las sedes del Ministerio, es desde hace cuatro años el Fiscal de Delitos Complejos. Esa fiscalía se creó en un momento de mucha tensión en la política santafesina: se investigaban las "horas OSPE", una causa que derivó en una serie de escuchas al entonces ministro Pullaro, y los "Corral Papers", una presunta utlización de fondos públicos de la municipalidad de Santa Fe, para construir una tropa de militantes para José Corral, en ese entonces intendente de Santa Fe. Por esa causa se allanó por primera vez en la historia el municipio.
Fue justo en ese momento, en el que dos causas investigaban hechos de corrupción que involucraban al gobierno provincial y al gobierno municipal, que se creó esa unidad, con un hombre de estrecha confianza del fiscal regional, Carlos Arietti, al mando. Y lo llamativo es que no empezó a trabajar con las causas que se iniciaran desde su creación en adelante, sino también con las que ya estaban en curso. O sea: en manos de esa fiscalía quedaron investigaciones ya en curso, que se les quitaron a los fiscales que las llevaban adelante para que las continuara Hernández.
Los "Corral Papers" quedaron en la nada. Aún no se sabe qué material se secuestró en aquel allanamiento. La causa en la que había escuchas en las que Pullaro le prometía a un jefe policial investigado por corrupción arreglar el concurso del que participaba, se cerró por "inexistencia de delito". La determinación la tomó Hernández.
Una causa clave
El asesinato de Hugo Oldani, el 12 de febrero de 2020, originó tres causas. En la primera, que investiga su muerte, se había concretado la detención del presunto homicida, Cristian Bruno Figueroa, de 22 años, quien fue hallado muerto en su celda el pasado 20 de septiembre. La segunda, contra la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Cristina Ferraro, por alterar la escena del crimen. A la fiscal se le dejó constancia de que "en el fondo del local, detrás de una puerta, existe un pequeño reducto con una cavidad" en el que "se encontraba una gran cantidad de dinero". ¿Cuánto? Según la División Scopometría de la PFA, 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares. Ese dinero desapareció. Presuntamente fue retirado por la hija de Oldani y su esposo, con una "autorización de la fiscal".
La tercera tomó impulso a través de una denuncia que realizó el ex Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y de la investigación del fiscal federal Walter Rodríguez, sobre el funcionamiento de la "cueva financiera" con ramificaciones que involucrarían a sectores de la policía, del poder político y empresarios.