El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución del Fondo Fiduciario del programa Procrear, que había sido creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda única familiar. La medida, publicada a través de la Resolución 764/2025 en el Boletín Oficial, establece que los créditos vigentes pasarán a ser administrados por el Banco Hipotecario, bajo las mismas condiciones fijadas en el contrato original.

La decisión se enmarca en el Decreto 1018/2024, que había declarado el programa una “pesada carga” para las cuentas públicas, cuestionando su eficiencia y señalando dificultades para su control. Además, la Sindicatura General de la Nación detectó falencias como demoras en las entregas, problemas de habitabilidad en algunas unidades, y una gestión calificada como poco transparente y deficiente.

El Ministerio de Economía quedará a cargo del proceso de liquidación y de la administración de los bienes muebles e inmuebles del fondo. En paralelo, el Banco Hipotecario podrá vender las carteras de créditos con bajo rendimiento de cobranza y transferir las propiedades no comprometidas a obras vigentes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La resolución también autoriza la posible restitución de terrenos a provincias o municipios que los hubieran aportado originalmente. Además, se faculta al Ejecutivo a transferir viviendas a gobiernos provinciales, municipales o institutos de vivienda, previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

🔚 El plan que se mantuvo durante más de una década y sobrevivió incluso al gobierno de Mauricio Macri, hoy llega a su fin."

Qué pasará con los créditos ya otorgados

Tras la disolución del fondo Procrear, uno de los principales interrogantes fue qué sucedería con los créditos ya otorgados. El Ministerio de Economía resolvió que su gestión continuará a cargo del Banco Hipotecario, que firmará un contrato con el Estado bajo las mismas condiciones establecidas en el fideicomiso original de 2012. Esto garantiza que los beneficiarios mantendrán intactas sus condiciones contractuales: monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pagos.

En consecuencia, los derechos y obligaciones de quienes accedieron a las distintas líneas del programa no sufrirán modificaciones. Las cuotas seguirán vigentes según lo pactado, sin alteraciones unilaterales, preservando así la seguridad jurídica de los créditos. La administración de los mismos, incluyendo cobros, renegociaciones y trámites legales, continuará en manos del Banco Hipotecario, mientras que las causas judiciales serán atendidas por la Secretaría Legal del Ministerio de Economía.