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La Justicia federal rechazó el pedido de competencia en la causa que investiga la megaestafa inmobiliaria, algo que había sido solicitado por los abogados defensores de dos de los imputados. Los motivos: consideran que en la investigación de la justicia provincial no hay elementos que sostengan el delito de lavado de activos.

Si bien parece un revés para los abogados defensores que habían solicitado el traspaso, también puede interpretarse lo contrario, dado que esta resolución federal sienta un precedente de cara a la audiencia preliminar donde habitualmente se ajustan todos los detalles, se repasan nulidades, vicios, y hasta se puede llegar a probations y abreviados, previos al juicio.

A diez meses de que se destapara la megaestafa inmobiliaria, y a poco de concertarse la audiencia preliminar para el juicio que tiene 19 imputados, abogados defensores del agente bursátil Jorge Oneto, y del gerente de La Capital Pablo Abdala buscaron dar un vuelco en el proceso al solicitar el traslado de la causa al fuero federal. La maniobra, aseguraron en su momento los letrados, buscaba "despolitizar" la causa, aunque desde Fiscalía señalaron que el objetivo final es "ganar impunidad". 

Este lunes, el juez Federal Nº 3 Carlos Vera Barros denegó el requerimiento de los defensores al entender que el provecho económico de los imputados a partir de las maniobras para quedarse con el campo de Villa Amelia constituiría un elemento típico de una defraudación “siendo consecuencia directa de un empobrecimiento individual”, el cual de por sí solo “no es idóneo para lesionar el bien jurídico en cuestión a los fines de encuadrar la conducta en el tipo penal de lavado de activos”.

El juez interpreta que no surgen elementos que permitan deducir actividades delictivas para obtener “dinero de fácil manejo para su incorporación al circuito legal y disfrazarlo en dinero lícito”. Por el contrario, entiende que observa maniobras y “conductas de falsificación documental y posterior estafa llevadas a cabo por un conglomerado de personas valiéndose de transacciones apócrifas”.

Con todo esto, y sin dejar de señalar que el delito de lavado de activos es de competencia federal, Vera Barros concluye que "de los elementos del sumario instruido por la justicia provincial, no surge hasta aquí la existencia de elementos que revelen su posible comisión (lavado), de modo tal que (…) por el momento no surge en autos la competencia de este fuero de excepción ni se deduce la afectación de un interés del Estado nacional, corresponde rechazar el requerimiento”.