La Cámara de Diputados aprobó este martes por amplia mayoría y giró en revisión al Senado, en una sesión especial, el proyecto para fortalecer la justicia penal de la provincia de Santa Fe con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico que generan una ola de violencia en la ciudad de Rosario.

La iniciativa se aprobó con un contundente apoyo político, al cosechar 214 votos, ya que fue respaldado por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, el Interbloque Federal, La Libertad Avanza y Avanza Libertad. Hubo cuatro abstenciones de la izquierda.

El proyecto deberá ser tratado en el Senado para convertirse en ley. Contempla la creación de múltiples cargos judiciales en todo el territorio santafesino incluyendo cinco nuevas fiscalías federales en Rosario, tres en Santa Fe y una en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires). También dispone sumar tres cargos de defensor penal federal en Rosario y uno en Santa Fe, entre otros.

Al respecto, el diputado nacional Roberto Mirabella, manifestó: “Es inédito que todos los legisladores de mi provincia nos hayamos puesto de acuerdo y firmado juntos este proyecto, que busca fortalecer la Justicia penal federal en Santa Fe y promover la implementación del sistema acusatorio, aprobado en 2014. Estamos dando un paso importante, trabajando codo a codo y tirando para el mismo lado en la lucha contra el narcotráfico. Sin justicia, no vamos a mejorar los niveles de seguridad”.

A su vez, agregó: “Con esta iniciativa, creamos 27 cargos de fiscales federales que llevarán adelante las investigaciones, defensores, jueces de garantías, de revisión y de ejecución penal. Es un salto cualitativo gigante para la provincia. La estructura de la justicia federal en Santa Fe no se actualiza desde hace más de 30 años, cuando este delito que hoy enfrentamos, el narcotráfico, no existía”.

Por su parte, el legislador nacional por el Partido Socialista, sostuvo: “Hay una Comisión Bicameral que es la encargada de implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal que no está funcionado. El narcotráfico es un delito que pone en jaque a la democracia y no vamos a naturalizarlo”.