El gobierno provincial decidió interrumpir el contrato de concesión de la autopista Rosario Santa Fe a la empresa Arssa luego de entender que la firma incumplió las inversiones de mantenimiento pactadas, como la repavimentación total de la traza, según lo estipulado en 2011.

El contrato, que regía por diez años hasta 2021, se interrumpe cinco años antes de su finalización, por lo que la Provincia buscará los fundamentos necesarios para no llegar a un litigio con la empresa. Por eso por estas horas las fuentes se cuidan de definirlo como una rescisión o como una "culminación anticipada" del vínculo contractual.

La posibilidad de rescindir la concesión tomó fuerza a mediados de mes cuando la Provincia anunció que se haría cargo de la repavimentación completa de la traza dado que la empresa no lo estaba ejecutando como la obligaba el contrato. Según fuentes del gobierno, la empresa estaba obligada a repavimentar el 100 por ciento de la traza pero sólo realizó un tercio de lo pautado.

Un conocedor de la escena interna del gobierno aventuró que la decisión asumida por el gobierno de Miguel Lifschitz traerá rencores puertas adentro del Partido Socialista y adyacencias. La explicación estriba en que mientras el Ministerio estuvo a cargo de Antonio Ciancio, nunca hubo ni siquiera un amague de terminar por anticipado el contrato con Arssa. Ese funcionario -hoy contratado como asesor legislativo- nunca tuvo, al menos en el plano público, críticas para con el desempeño de la concesionaria. En cambio, Garibay asumió una posición distinta en este tema, y ya en marzo pasado había anticipado a Rosarioplus.com su descontento con la concesionaria. 

Entre los argumentos que se barajaron en estos últimos meses en el Ministerio de Infraestructura provincial, el principal apunta al incumplimiento de contrato por parte de Arssa. Fuentes del gobierno provincial explicaron que el contrato firmado en 2011 y por diez años de vigencia establece que la concesionaria debía en estos primeros cinco años de explotación del corredor repavimentar el 100% de la traza, pero que sólo cubrió poco más de un tercio de lo que debía ejecutar.

Cuando el gobierno reclamó el inicio de obras, la compañía alegó que el deterioro del asfalto era tal que debían realizar una inversión superior a la prevista. “Tendrían que haber hecho un estudio previo antes de firmar el contrato –replicó una de las fuentes consultadas- pero no lo hicieron y luego salieron con eso”.

A caballo de esa posición, Arssa habría pretendido una actualización tarifaria mayor que la obtenida, pero el Ejecutivo provincial no accedió sino a aumentar el peaje más de 40% en 2015, de 14 pesos a 20, y ya con eso fue bastante el revuelo que se armó por semejante incremento.

Debido a esto, el ministro José Garibay, dispuso un estudio profundo por parte de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y del Litoral (UNL), para conocer detalles y realizar una evaluación técnica y económica integral sobre los cincos años de contrato.

“Hemos detectado que es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de la situación, de esta manera buscaremos una evaluación final para justificar la decisión de realizar una culminación anticipada del contrato que tenemos con el concesionario Arssa”, afirmó Garibay.

Arssa es una UTE integrada por seis empresas constructoras, habitués de las licitaciones de obra pública del Estado, tanto en provincias como en municipios. Estas son Milicic, Obring, Vial Agro, Laromet, Rovial y Pecam. Su presidente es Pablo Nazar.