Para el ex ministro de Justicia y actual abogado defensor de Nadia Schujman; Juan Lewis la causa que se sigue contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y su equipo por supuesto espionaje es “un gravísimo escándalo institucional”, como le dijo a radio Sí98.9 al formalizar la denuncia por irregularidades en lo actuado por los fiscales de Santa Fe que llevan adelante la parte acusatoria.

Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, a instancias de su jefe Carlos Arietti; secuestraron en noviembre pasado en Rosario phones celulares, tablets y notebooks del personal del ministerio pero “no conservaron la cadena de custodia de esos elementos que fueron manipulados y hasta se le extrajo el disco rígido a la computadora de mí defendida”, apuntó Lewis.

Para el abogado los hechos relacionados además de constituir una grave irregularidad, pueden generar consecuencias invalidantes en el proceso. Es decir, podrían ser suficientes para cerrar la causa que filtró extensas listas de supuestos “espiados” pero que nunca terminan de constituir la prueba acusatoria contra Sain y sus colaboradores. Además, Lewis cree que se está ante un “delito de acción pública” y registró que ese delito está penado con hasta cuatro años de cárcel para quien sustraiga, altere, oculte, destruya o inutilice objetos destinados a servir de prueba en una causa judicial.

Como sea, ya la provincia se constituyó en querellante para que los fiscales responsables dejen de estirar una investigación que se muerde la cola permanentemente y que sólo parece buscar resultados políticos. Para muchos, es el mayor caso de lawfare que se ha visto en Santa Fe.

Por eso resulta curioso también que la Asociación de Fiscales que preside Gisela Paolicelli presente tan diligentemente en Washington ante la CIDH la presión que sufren los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra a manos del senador Armando Traferri que se niega a ser investigado; pero no se lleva a estos estrados escándalos judiciales como el narrado o el mismo caso Sain cuando fue echado con una ley amada por la Legislatura de la Oficina de Investigaciones del propio Ministerio Público de la Acusación de la provincia. La independencia del poder judicial se ve afectado en todos los casos y no sólo en algunos.  

Chispas acá cerca

El cruce de esta semana entre las concejalas Norma López (FdT) y la presidenta del cuerpo María Eugenia Schmuck (Arriba Rosario) por el estado del transporte de pasajeros en la ciudad; reveló que es uno de los principales problemas no resueltos durante esta administración, víctima directa de la extensa pandemia que golpeó de lleno al servicio de colectivos.

Lo expuso con crudeza y profundidad la edila peronista pero sobre todo la respuesta de Schmuck es la que pone de relieve lo mucho que el tema impacta en esta administración. “(Pablo) Javkin se lava las manos y el transporte está cada vez peor”, dijo López y pidió que el intendente “haga su parte, como nos pidió a nosotros” en la apertura de sesiones hace pocas semanas.  

La crítica impactó sobre todo porque es cierta: El servicio está muy afectado y el propio municipio ya no está dispuesto a permitirle a la empresa privada única que recorre la ciudad, sacar más coches para estirar aún más las largas frecuencias y financiar así su déficit.

Y abundó López que el concejal Ciro Seisas (“la voz del intendente en el Concejo”, aclaró) le echa la culpa a la ex intendenta Mónica Fein “como si ellos no hubieran tenido nada que ver” en ese gobierno y recordó que Javkin fue “concejal y luego secretario general de esa administración”.

Seisas es nuevo en estas lides por lo que fue directamente la presidenta del Concejo la que salió con los tapones de punta: “Parece que el peronismo gobernara otro país, hablan como si no fueran responsables de nada”, tiró por elevación y repartió para provincia y nación. “Fracasan en solucionar la crisis de inseguridad y fracasan en frenar la inflación”, dijo y pidió que los peronistas de Rosario “pidan con más énfasis” los recursos necesarios para financiar el transporte de pasajeros. “Ni una gestión se hizo en estos dos años en esa dirección” cerró Schmuck. La bala había entrado.

Se celebra el intercambio porque el gobierno municipal no está muy acostumbrado a las críticas y sobre todo porque cuando las hay, no cree necesario responderlas en virtud del acuerdo político extendido que se tejió en el Concejo y del que sólo quedó afuera un sector del peronismo y otro del PRO. El resto, encuentra contención en el ingenioso esquema político pero es el vecino el que ve reducido así su representación en los debates.

Y el tema es de estricta responsabilidad municipal por más que provincia y nación tienen que cumplir con los acuerdos. Es, además, de lo más urgente que tienen por delante los ediles rosarinos que ya hace años cedieron sus facultades al intendente sobre la tarifa del servicio más importante que desarrolla la ciudad junto con la recolección de residuos y la atención primaria de la salud.