El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 2 con el segundo día del alegato de la fiscalía. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, fue autorizada a no presenciar la audiencia en la causa en la que está imputada.

La jornada abrió pasadas las 8.30 con la continuidad de la exposición de la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Diego Mola, en el debate que se realiza de manera remota, con las partes conectadas a través de la plataforma Zoom. La fiscalía quedó como única parte acusadora en el juicio que lleva más de dos años y ayer anticipó que considera que hay pruebas para formular acusaciones a los 13 imputados por los supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación.

El alegato se extenderá por al menos nueve audiencias y luego será el turno de las defensas. En el juicio se debate si hubo delito en el otorgamiento de obra pública vial nacional en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, como supuesto direccionamiento a su favor, sobreprecios e incumplimientos. Además de la vicepresidenta son juzgados Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y ex funcionarios del área como Julio López y Carlos Kirchner, entre otros.

En ese marco, el representante del Ministerio Público hizo un discurso con eje en la lucha contra la corrupción y en los estándares internacionales en esa materia que, a su entender, son vulnerados en la Argentina. Bajo esa tónica, Luciani argumentó que parte de las presuntas maniobras pudieron tener lugar gracias a que se aplicó la normativa de la provincia de Santa Cruz para controlar obras viales solventadas por el Gobierno Nacional.

Al hablar de una “burda ilegalidad” afirmó que “fallaron los controles sobre algo tan obvio” y que “se aplicó la ley provincial porque este era el plan para defraudar al Estado”.

Según Luciani, si las obras eran regidas por las leyes nacionales debían ser publicadas en el boletín oficial. Y la aplicación de la ley local no establecía los principios básicos de transparencia y publicación de las obras públicas. Al mismo tiempo, reconoció que las obras se publicaban en el boletín oficial de Santa Cruz y en un diario local, pero consideró que era una forma de publicidad insuficiente.

Luciani, opinó que como la ley de santa Cruz les daba prioridad a las empresas locales eso impedía la libre competencia con otros grupos empresarios que podían tener más capacidad o recursos. En conclusión, para el fiscal, esa normativa fue hecha para beneficiar a Báez.

Obras por convenio

Luciani insistió en que la decisión de hacer obras por convenio en Santa Cruz fue parte de una maniobra para evitar los controles. Sin embargo, él mismo reconoció que otras provincias como Mendoza, Tierra del Fuego, Chubut y Córdoba registraron más de una veintena de obras por convenio. Es decir, con fondos nacionales pero administrados y supervisados por las dependencias de Vialidad de cada jurisdicción. De hecho, todos los ex funcionarios que declararon como testigos, aseguraron que las obras por convenio son una práctica habitual en todo el país, lo que debilitó este eje de la acusación.

El apoyo incondicional a Cristina en las redes 

Seguidores de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, realizaron declaraciones o publicaron mensajes de apoyo en redes sociales mientras transcurre este martes el segundo día de alegatos de la Fiscalía en el juicio que la sienta en el banquillo por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria.

"Creo en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado", dijo este martes el jefe de Gabinete, Juan Manzur, a la prensa.

El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró a la radio AM 750 en CABA que esta causa el “único objetivo que tiene es la persecución judicial contra Cristina Kirchner” y agregó en su cuenta de Twitter que “cada funcionario judicial” que interviene en esa persecución entraba “a escondidas” al despacho del ex presidente Mauricio Macri cuando era presidente (2015-2019), lo que “es la expresión más grotesca de lawfare” en Argentina.

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, acusó, en radio El Destape, de "relato novelesco" la primera jornada de alegatos de las nueve previstas y planteó "la carencia de pruebas" de los fiscales contra la vicepresidenta.

También el hashtag #TodosConCristina fue utilizado por parte de funcionarios, intendentes, legisladores y dirigentes de la coalición oficialista Frente de Todos (FdT) para expresar su apoyo a la ex mandataria en redes sociales.

Y recogieron el argumento de Fernández al sentarse por primera vez en el banquillo, ocho días antes de asumir como vicepresidenta, el 2 de diciembre de 2019, cuando reiteró, como ha venido haciendo con el resto de acusaciones en su contra, que el proceso respondía a una persecución judicial o "lawfare" ideada por el Gobierno saliente de Mauricio Macri.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tuiteó “contra el lawfare y la persecución” a Cristina Fernández.

La intendenta del partido de Quilmes, en Buenos Aires, Mayra Mendoza, relacionó la causa con que la Justicia “garantiza la impunidad” al expresidente Mauricio Macri y “protege los privilegios de unos pocos”.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, vinculó la causa con los “círculos del poder económico” que “persiguen a las y los líderes que defienden los intereses del pueblo”.

El ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, agregó en Twitter que “persiguen” a Cristina Fernández “por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir”.

En tanto, el dirigente social Juan Grabois tuiteó que el alegato había sido "flojísimo", lo que justificó "cuando ya tenés la sentencia firmada y los medios comprados".

Hugo Yasky, Andrés Larroque, Mario Secco, Elizabeth Gómez Alcorta, Horacio Pietragalla, Martín Insaurralde, Mariano Recalde, Gabriel Katopodis, Anabel Fernández Sagasti,  Jorge Ferraresi, Mayra Mendoza, Nicolás Kreplak y Víctor Santa María fueron algunos de los que expresaron su apoyo a Cristina Kirchner. "Los garantes de la impunidad de Macri persiguen a CFK", posteó la cuenta de La Cámpora de la provincia de Buenos Aires.