La explosión del laboratorio Apolo, de calle Alem 2967, no sólo dejó varios heridos y conmocionó a barrio Tablada sino que despertó la curiosidad de los políticos opositores. A una denuncia realizada por una concejal, ahora se sumó un reclamo de otro edil y el tema promete colarse también en la Cámara baja de la Legislatura provincial.

La primera concejala en denunciar las irregularidades de la empresa fue María Fernanda Gigliani, quien este martes aseguró tener documentación que prueba que el laboratorio no contaba con la habilitación de la Municipalidad de Rosario, ya que la última autorización había vencido el 9 de diciembre de 2011.

En sintonía con la edila de Iniciativa Popular, el concejal Jorge Boasso presentó un pedido de informes al Ejecutivo Municipal para conocer sobre el funcionamiento del laboratorio. “Hay denuncias sobre permisos vencidos en 2011, clausuras a finales de 2015 y hasta el dato de que se encuentra en quiebra. Por ello pedimos a la Intendencia nos remita información urgente sobre el historial del laboratorio y aclare si tenía o tiene vínculos como proveedor del municipio”, señaló el edil.

Boasso alertó que “de resultar verídica la denuncia sobre la situación irregular del laboratorio, el municipio de Rosario sería responsable solidario por los daños ocasionados como consecuencia del incendio. Todo esto de comprobarse que el mismo se encontraba en pleno funcionamiento, y proveyendo de mercadería al propio municipio, con habilitación vencida desde el año 2011”.

Pero hay más: la polémica llega además a la Cámara de Diputados a través de la legisladora provincial Verónica Benas, quien presentará este jueves un pedido de informe al respecto de la explosión de la caldera del laboratorio Apolo.

El pedido de la diputada de Pares exige determinar si Laboratorios Apolo S.A. contaba con la habilitación municipal pertinente para funcionar en el edificio de calle Alem 2967, informar acerca de las denuncias existentes efectuadas a organismos competentes en relación al funcionamiento de la empresa, aclarar si los responsables de la firma poseían las certificaciones que otorga la Empresa Provincial de la Energía para la utilización de calderas en establecimientos fabriles, etc.

Además, la legisladora pidió explicaciones sobre las actuaciones de la Empresa Litoral Gas S.A. respecto al suministro de servicio al establecimiento donde se produjo la explosión con el fin de constatar si la instalación de gas resultaba adecuada para los usos realizados en el mencionado establecimiento.