¿Qué debe hacer un policía si le ordenan allanar el Ministerio para el cual trabaja e incautar celulares de funcionarios sin orden judicial ni testigos? A ese dilema moral se vio sometido el suboficial Juan Gabriel Bustamante el pasado 26 de noviembre cuando arribó con la numerosa comitiva del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación y el objetivo de secuestrar documentación en oficinas del Ministerio de Seguridad, aunque no hubiera orden judicial. Bustamante lo resolvió para el lado de la justicia, como consta en las actas de ese día. La historia, hasta ahora no conocida públicamente, es otra prueba más de las irregularidades que se cometieron, en la mismísima sede de la Gobernación provincial en Rosario.

Ese día, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez ejecutaron un allanamiento en las oficinas del Ministerio de Seguridad para llevarse documentación y teléfonos de varios funcionarios que habían llegado a su cargo durante la gestión del ex ministro Marcelo Sain. Actuaban bajo las órdenes a su vez del Fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti.

Se sabe ya que los funcionarios desplazados han pedido el apartamiento de los fiscales actuantes por "falta de objetividad" y que denuncian desde el primer día las irregularidades del allanamiento, además de sostener su inocencia ante las sospechas de un presunto espionaje ilegal. 

Lo que hasta ahora no se conocía es que parte de esas irregularidades denunciadas quedaron en evidencia en el propio momento del operativo. Este cronista pudo acceder a una de las actas esa tarde. Y lo que sigue es el texto de la misma: "El funcionario policial que suscribe, suboficial de policía Bustamante, Juan Gabriel, cumpliendo funciones en el Ministerio Público de la Acusación, a los fines legales hace constar que munidos de orden verbal de los fiscales Ezequiel Hernández y María Jiménez que ordenan registrar diferentes oficinas de la Casa de Gobierno, nos constituimos en Santa Fe 1950 de la ciudad de Rosario" (...) "con el fin de proceder al secuestro de celulares, computadoras y todo otro elemento de almacenamiento de datos, ya sea en soporte electrónico y/o papel. Asimismo, por orden la fiscal María Jíménez, el procedimiento deberá llevarse a cabo sin la presencia de testigos".

La abogada Nadia Schujman, directora de la Agencia de Control Policial hasta el viernes 26 de noviembre pasado, había tenido a su cargo desde diciembre de 2019 numerosas investigaciones sobre la corrupción de los uniformados: el manejo irregular de horas extras en la fuerza, una maniobra fraudulenta contra el Estado con autopartes que se compraban para patrulleros, o la comprobación de que durante la gestión en Seguridad del actual diputado provincial Maximiliano Pullaro se habían destinado un millón de pesos de fondos reservados para pagar honorarios de abogados que defendían a policías vinculados a la muerte del joven Franco Casco.

Esas fueron algunas de las causas que Schujman llevó adelante y por ello se cree que la causa judicial que ahora se pretenden armar en su contra, está empujada por sectores comprometidos con aquellas investigaciones, violentando inclusive formalidades de derecho. Se actuó sin orden judicial, se pretendió iniciar por los carriles de la justicia provincial una imputación sobre delitos de índole federal y las bolsas con papeles de la oficina no quedaron debidamente lacradas. Pero otro hecho también llamó la atención: la falta de testigos.

Juan Lewis, el abogado que defiende a Schujman, se preguntó apenas tomó conocimiento del caso: "¿Tan difícil era conseguir dos testigos en la esquina de Santa Fe y Dorrego, en pleno centro de Rosario, como para poder hacer los allanamientos ajustados a la ley?". Unos días más tarde, al tener acceso a las actas, apareció la respuesta. La falta de testigos no había sido un error de procedimiento, sino un encargo de la propia fiscal a cargo. Que ahora, deberá dar explicaciones de lo sucedido ese día en la Sede de Gobernación provincial en Rosario.