El Senado de Brasil removió a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de su cargo tras acusarla de haber violado las leyes de presupuesto del país. Tras un extenso proceso de impeachment o juicio político, la decisión del Senado de 61  a favor y 20 en contra, terminó con el fin de los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores.

Pasadas las 11.15, el titular del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, reinició la sesión en la que se votará el destino político de la presidenta separada del cargo desde el 12 de mayo. La misma se abrió con una sola pregunta.

"¿Cometió la acusada, señora Presidenta de la República, Dilma Vana Rousseff, los delitos de responsabilidad correspondientes a la contratación de créditos en instituciones financieras controladas por el Estado y apertura de créditos sin autorización del Congreso Nacional que le son imputados y debe por eso ser condenada con la pérdida de su cargo y sus derechos políticos por ocho años?", dijo.

Así, se inició la votación mediante un sistema electrónico que permitió conocer de inmediato la decisión que Rousseff aguardará en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia que aún ocupa, pero que deberá desalojar si se confirma su destitución.

La probabilidad de que más de dos tercios de los 81 escaños voten a favor de la mandataria se anunciaba como poco probable, incluso las encuestas indicaban que la mayoría de los senadores votarían para condenarla por las acusaciones de haber violado las leyes de presupuesto del país.

Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de maquillar sus resultados, que incluyeron la omisión de multimillonarias deudas con la banca pública, lo que se interpretó como crédito. Además, se la acusa que utilizó fondos públicos para su campaña electoral de 2014.

La primera jefa de Estado de Brasil negó los cargos e hizo una fuerte defensa el lunes frente al Senado, donde acusó de haber realizado en su contra injustas acusaciones, lo que derivaba en un golpe de Estado. Además, afirmó que el proceso de destitución pretende proteger los intereses de la élite económica de Brasil.