El diputado provincial del PJ, Leandro Busatto, presentó un proyecto de Ley para que la secretaría anticorrupción se convierta en oficina. La propuesta pretende que el organismo deje de depender del Poder Ejecutivo y quede bajo la órbita del Poder Legislativo.

La iniciativa se conoció pocos días después de que el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, ofreciera la Secretaría Anticorrupción a quien designe el Partido Justicialista provincial. Busatto celebró el ofrecimiento, pero ahora va por más y pretende que el organismo deje de depender del Ministerio de Gobierno y cobre carácter autárquico.

“Lo que hicimos es tomar una decisión política del gobernador entrante que tiene poco sustento institucional -porque es una secretaría de una precariedad institucional notable porque es una dirección bajo la órbita del Ministerio de Gobierno-, estamos planteando la conversión en una oficina realmente anticorrupción, con todos los parámetros y estándares que exigen hoy las reglas de transparencia internacional, a la que el Estado santafesino puede acceder tranquilamente”, dijo el legislador.

El proyecto establece que la Oficina Anticorrupción tendrá como finalidad el diseño y la implementación de políticas, programas, normas y acciones de prevención y transparencia, la promoción de la ética pública, y la asistencia técnica a los organismos que comprenden a la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.

En resumen, sus ítems principales para jerarquizar son: “Autarquía financiera, economía funcional y potestad de investigación”.

También propone que se encargue de la investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por la presente ley se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley Nº 24.759, y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por Ley Nº 26.097, y la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales aprobada por Ley Nº 25.319.

Leandro Busatto destacó que es una “decisión política acertada, importante y valorable” de Pullaro. “Creemos que es momento de que Santa Fe tenga una Oficina Anticorrupción en serio, que genere, diseñe e implemente políticas de control y políticas de acceso a la transparencia, para que toda la administración pública centralizada tenga hoy la posibilidad de garantizar un estado eficiente, eficaz y fundamentalmente, dirigentes y funcionarios honestos”, completó.

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