El intendente de Funes Diego León Barreto pidió que la Justicia investigue a su antecesora Mónica Tomei por considerar que podría haber cometido los delitos penales de estafa a la administración pública, tráfico de influencias, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La presentación también alcanza al ex secretario de Gobierno de la vecina ciudad Gonzalo Miranda Aguiar.  

“Es mi deber como funcionario llevar esta información ante la justicia”, sostuvo Barreto. Y agregó: “Mi obligación como Intendente es cuidar los recursos de los funenses y si hubo algo ilegal se tiene investigar”. 

A poco de asumir, en diciembre de 2015, Barreto encargó una auditoría. El trabajo técnico estuvo a cargo de un equipo de especialistas en auditoría legal y contable, y arrojó según el funcionario diversas irregularidades en los ejercicios anteriores. En eso se basa la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Acusación.

A modo de ejemplo, los auditores destacaron un convenio celebrado entre la Municipalidad de Funes y una empresa de telecomunicaciones. Esa firma habría solicitado autorización al municipio para llevar adelante una obra, teniendo que afrontar un importante monto de inversión. La denuncia detalla que en medio de las negociaciones aparece la figura de asesoramiento y mediación de un privado a quien el municipio habría pagado 250 mil pesos a través de un decreto firmado por la ex funcionaria.  La auditoría argumenta que ese pago debería haberlo afrontado la empresa ya que era la interesada en llevar adelante la obra y que la Municipalidad nunca debió pagar un solo peso por esa gestión. 

En otro de los casos, se hace referencia a la contratación de un sistema de control de tránsito. Argumentan que Tomei no respetó la ordenanza dictada por el Concejo, que había fijado que se debía proceder mediante licitación pública.

La denuncia también aporta detalles y documentación de la obra de cloacas en zona 5. Sostienen que se contrató una empresa que tenía domicilio en un terreno baldío en Granadero Baigorria y se adjudicó 10 días antes de la fecha establecida en la licitación. Se habría pagado la totalidad de la obra, inclusive tramos sin certificar y la obra nunca se finalizó.

Barreto denuncia estos y otros hechos ante el Ministerio Público de la Acusación para que se investiguen y, en el caso de considerar que hay indicios suficientes sobre la comisión de estos delitos, pueda abrirse una Investigación penal para avanzar con las responsabilidades de los funcionarios implicados.