El Gobierno nacional estudia el marco jurídico aplicable para suspender la vigencia de la Ley de Alquileres, vigente desde junio de 2020 como marco regulatorio para mediar entre propietarios e inquilinos, pero que en dos años no logró resolver el desfasaje en precios ni la oferta en el mercado.

La decisión de suspenderla se habría tomado durante un encuentro entre el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se analizó como una cuestión prioritaria. El tema cobró relevancia nuevamente luego de que el Índice de Contratos de Locación diera un 92% de aumento para alquileres que deben actualizarse en abril.

Si bien el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de avanzar en ese sentido, la traba es cómo lograr legalmente la suspensión de la norma que fue sancionada en el Congreso. Para tal fin se estaría estudiando la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

La Ley, que fue aprobada en noviembre de 2019 y entró en vigencia siete meses después, estableció una serie de condiciones que los dueños de departamentos no estuvieron dispuestos a acatar y como alternativa quitaron sus propiedades del mercado locativo.

Entre los puntos más cuestionados por los propietarios figura la extensión del plazo de vigencia de los contratos a tres años, la forma de actualización anual del valor de los alquileres, y la aplicación de un índice para establecer esos aumentos.

Por su parte, las entidades en defensa de los inquilinos también tienen sus quejas al respecto, aunque no por el texto de la Ley, sino por la no aplicación en su totalidad que, desde su perspectiva, perjudica a los locatarios.

La norma comenzó a mostrar sus falencias a poco de su implementación y en consecuencia distintas fuerzas políticas presentaron en el Congreso decenas de proyectos para modificarla, pero nunca se alcanzó el consenso necesario.

Para los inquilinos, la queja más recurrente al respecto tiene que ver con el aumento exponencial que, conforme a la evolución de la inflación, mostró el índice durante los últimos meses.

La aplicación del índice de actualización de los valores anualmente provoca que los inquilinos deban afrontar aumentos que por estos días se acercan al 100% de un mes a otro, rompiendo cualquier presupuesto. El Índice de Contrato de Locaciones (ICL) se conforma con la evolución del RIPTE (evolución de salarios) y de la inflación.

Además, los propietarios que recuperan su inmueble y deciden ponerlo nuevamente en alquiler piden un monto mensual muy elevado para cubrirse de la evolución de la inflación.

En ese contexto, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, analizan alternativas para ponerle punto final a la Ley, más allá de los reiterados intentos del Congreso de la Nación por discutir una nueva legislación.