El presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que restringe el derecho a huelga en varios sectores clave. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial y modifica artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales. El Gobierno justificó el DNU por la "necesidad de garantizar servicios esenciales".

El decreto amplía el listado de actividades que deben mantener una cobertura mínima del 75% durante paros. Incluye a la educación, el transporte y la recolección de residuos. También establece que, en sectores críticos, los sindicatos deben notificar con diez días de anticipación cualquier medida de fuerza. En caso contrario, se considerará ilegal.

Según el Ejecutivo, el objetivo es asegurar el funcionamiento básico del país. “No puede permitirse que una huelga afecte derechos fundamentales de los ciudadanos”, señala el texto oficial. La norma también impone límites a las acciones directas, como bloqueos o tomas, y habilita sanciones a los gremios que no respeten las nuevas reglas.

Desde los sectores sindicales, distintas voces ya expresaron rechazo. Denuncian un avance sobre derechos laborales y cuestionan que se haya implementado sin debate parlamentario. Anticipan presentaciones judiciales y nuevas protestas. También alertan por la posible judicialización de los conflictos gremiales.

El DNU entra en vigencia de forma inmediata, aunque deberá ser evaluado por la Comisión Bicameral del Congreso. Se trata de una decisión que podría tensar aún más el vínculo entre el Gobierno y los sindicatos. La medida se suma a otras iniciativas del oficialismo que apuntan a reformar el sistema laboral argentino.