La comisión de Gobierno del Concejo Municipal puso la mira en el cumplimiento de la ordenanza de los Food Trucks y abrió el debate para modificar la normativa que nació en 2015, cuando el contexto social y económico era diferente.

La primera edila en manifestar su interés por analizar la situación del sector fue María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, quien impulsó un decreto por el que se requiere a la Municipalidad diversa información sobre el funcionamiento de los Food Trucks.

La dirigente peronista señaló que la iniciativa la había presentado “con anterioridad a la pandemia” y aludió a la situación que tales emprendimientos sufrieron durante este último año y medio, por lo que planteó la necesidad de trabajar “en una normativa que los contenga y proteja”.

Luego destacó que al votarse la ordenanza, en el 2015, se había opuesto y reiteró que “no se cumplía con casi nada”. La concejala aseveró que no estaba “en contra de los Food Trucks” pero insistió en la falta de cumplimiento de la normativa.

Por su parte, la concejala Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, aludió al pedido que en su momento efectuaron “para poder expender alcohol, sino eran poco competitivos”, o a la solicitud que realizaron “para estar todos juntos, por cuestiones de seguridad y para hacerse más visibles”.

También marcó lo relacionado con las cuestiones de seguridad, que al no tener las bajadas de energía eléctrica, debieron recurrir a generadores o garrafas.

Asimismo, la concejala Gigliani aclaró que el pedido de informes lo consideraba “un insumo para discutir la cuestión de fondo” y mencionó que la ordenanza original planteaba “comida saludable, gourmet”, para sostener la necesidad de tener información “sobre la realidad de los Food Trucks en esta emergencia, para modificar la norma madre”.

A su turno, Fabrizio Fiatti, de Creo, recordó que “es un sector seriamente afectado por la pandemia y que ha estado largo tiempo con su actividad suspendida”.

En una nueva intervención, la legisladora de Iniciativa Popular sostuvo que la ordenanza “nunca se respetó en su integralidad”, para marcar que algunos de los camiones “pertenecían a importantes firmas de la ciudad, de avenida Pellegrini y otras zonas”.

A su turno, la concejala Caren Tepp, de Ciudad Futura-FSP, expresó su acuerdo con el pedido de informe “para tener una base para tratar otros proyectos ingresados” sobre la temática. Mencionó la presencia en la comisión en los primeros meses del 2020 -previo a la pandemia- de los titulares de Food Trucks que requirieron una excepción respecto a su modalidad de trabajo y a partir de ello el proyecto de su bancada de crear un food-park, a través de una ordenanza propia, dado que recordó la actual normativa que los regula está incluida en la de vendedores ambulantes.

Dijo que en la norma planteada se propicia que “estos camiones de comidas puedan asociarse para armas paseos gastronómicos e incluso culturales, a través de una política de ocupación del espacio público que nos parece interesante fomentar y acompañar”.

Asimismo aludió a las faltas del Estado con relación a la actual situación, como las vinculadas a la seguridad de los “mecanismos de cocción” y a la “arbitrariedad en la convocatoria” en el caso de actividades organizadas desde el Estado.