Los ediles de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo Municipal se encuentran analizando una serie de propuestas para impedir que las empresas constructoras transgredan las normas y edifiquen de más.

Las diferentes iniciativas y posturas de los bloques políticos apuntan a endurecer las sanciones sobre los profesionales o las compañías que hacen caso omiso de las normativas vigentes. 

"Presentamos una serie de modificaciones de las ordenanzas relacionadas con las sanciones y las multas al profesional, para ampliar el monto", señaló el edil de Cambiemos, Agapito Blanco, en diálogo con Rosarioplus.com.

Según detalló el concejal, los cambios propuestos buscan "triplicar el monto de la multa para que el Juez de Faltas pueda tener un rango mayor a la hora de sancionar al profesional". 

Actualmente, aplicando la ordenanza 9298, el magistrado puede sancionar con una multa máxima de alrededor de 800 mil pesos (el 200 por ciento del valor de la tasa de revisión de planos) a las constructoras que violen el permiso otorgado por la Municipalidad. Si se modifica la regla, ampliando el rango hasta 600%, los firmas podrían recibir sanciones cercanas a los $2.400.000.

"A veces conviene pagar la multa porque el beneficio económico es mayor", indicó el concejal y agregó: "La intención es que no sea negocio hacer una transgresión".

Además de elevar el monto de las multas, Blanco planteó la necesidad de "simplificar" la metodología por la cual se aplican las sanciones, y de esta forma permitir una reducción de las condiciones "para que el Juez de Faltas pueda aplicar sanciones que sean ejemplificadoras".

"En edificaciones donde hay un evidente beneficio económico por la transgresión, queremos que el juez realmente pueda aplicar una multa suficientemente grande como para que desaliente a otro que quiera hacerlo", expuso el concejal de Cambiemos.

Blanco manifestó que se deberá explicitar en las modificaciones que se lleven a cabo que la Municipalidad esté obligada a hacer inspecciones mensuales en las obras. Y advirtió que en la normativa actual, el control es optativo.

"Hay propuestas de otros concejales similares, creemos que van a avanzar antes de fin de año", anticipó el concejal y volvió a remarcar: "Aumentar las multas y las sanciones y obligar al municipio a fiscalizar es la clave".