El atentado contra un empleado de Atucha que fue despedido y acusado de hacerlo adrede
Se cumplen cinco años del inédito ataque contra un trabajador de la central nuclear, que como gremialista resistía el ajuste estatal. Le pusieron agua pesada en su botella, pero lo acusaron de hacerlo a propósito como un sabotaje. Lo despidieron. Lo imputaron. Sobrevivió pero sigue fuera del empleo y a la espera de un juicio polémico.
Cinco años atrás, el 9 de mayo de 2017, el operario Damián Straschenco sufría un inédito episodio de contaminación al beber de su botella de hidratación agua pesada del reactor de la central nuclear Atucha. La dirección de la empresa estatal –por entonces bajo control político del gobierno de Cambiemos– lo acusó enseguida de robo de material radiactivo y sabotaje, y lo despidió. Una historia que remite a las maniobras que relata la serie Chernobyl.
La sospecha apunta a que alguien atentó contra la vida del trabajador al verter agua dura en su botella personal.
Pero para la empresa y para el juez federal de Campana, Adrián Charvay, no. El sabotaje habría consistido –según la teoría acusadora– en que el propio trabajador ingiera el peligroso líquido que le pudo costar la vida. Straschenco no era un empleado más en Atucha: es el secretario adjunto del sindicato Luz y Fuerza de Zárate, que por entonces presentaba batalla gremial por las condiciones laborales en la central nuclear, y hoy continúa denunciando persecución política, judicial y mediática.
Straschenco logró salvar su vida, pero hace cinco años que continúa despedido.
"La causa sigue vigente, quieren llevarme a juicio a pesar de que el argumento de la empresa quedó desvirtuado", señaló el dirigente gremial a RosarioPlus.com. "Dicen que yo me tomé el agua y que un compañero robó el material para que yo lo tomara. También me acusan de haber robado el material, pero al mismo tiempo reconocen que yo no tenía acceso al mismo. Y luego sostienen que yo tomé eso a propósito. Tampoco está claro de qué central térmica habría salido, si de Atuya I o II. Lo cierto es que mi compañero fue sobreseído, yo sigo imputado. Está claro que hubo una enorme manipulación e los informes. Lo primero que hizo el juez fue intervenir mi teléfono, jamás a los ejecutivos de la empresa", relató.
Straschenco sigue hoy en la certeza de que "la empresa le guió la investigación al juez, de manera de llegar hoy a esta situación", marcó.
El sindicato –enrolado en la CTA y disidente de la federación nacional lucifuercista– mantiene la denuncia de persecución política y judicial. También mediática: en el video adjunto hay elocuentes muestras de reconocidas periodistas sosteniendo la versión acusadora de la empresa Atucha y de la Subsecretaría de Energía Nuclear de la Nación, por entonces a cargo de Julián Gadano.
"Damián consumió en una ingesta siete veces la dosis tolerada en un año para un trabajador de zona radiológicamente controlada. El agua pesada contaminada del reactor había sido colocada en su botella personal de hidratación. Hoy la injusticia se proyecta también dentro de la empresa propiedad del estado, que después de 5 años sigue impidiendo a Ramón Almirón -sobreseído- y a Gustavo Carriego –quien sólo fue testigo en la causa-, ingresar a la planta a realizar su labor y tareas gremiales. A 5 años del envenenamiento en Atucha hay un asesino suelto", reafirma el gremio en un comunicado.
"Nuestro compañero fue despedido e imputado por su propio envenenamiento con la ridícula acusación de sabotaje. Es decir, de atentar contra la empresa y el plan nuclear poniendo en riesgo la seguridad y el desarrollo de la industria nacional. Algo que contrasta con la medida de fuerza encabezada por el propio sindicato días antes del ataque a su vida, precisamente en defensa de los derechos laborales y el plan nuclear", agrega.
El contexto, según LyF Zárate, es la criminalizacióni de la protesta gremial y social, y la persecución a dirigentes que enfrentaban el ajuste y la flexibilización que encaraba la gestión de Macri. "Hoy sabemos de la ‘Gestapo Macrista’ que funcionó en sintonía al sector corrupto del Poder Judicial y medios hegemónicos que condenaban mediáticamente justificando las acciones de persecución", señala el comunicado en alusión al lawfare.
El sindicato apunta al juez González Charvay por haber tomado "sólo la hipótesis empresaria, sin escuchar a las víctimas, haciéndoles escuchas telefónicas y allanando posteriormente sus domicilios. Actualmente, el juez cerró la etapa investigativa y pretende junto con la empresa estatal llevar a juicio a Straschenco. Esto pese a que quien quiso ser sindicado como el proveedor del material radiactivo, nuestro tesorero Ramón Almirón, fue sobreseído quedando claro que no tuvo nada que ver con las acciones se le endilgaron".
"Aún no se sabe quién sacó el material nuclear y lo colocó en la botella personal de Straschenco. Nadie sabe cómo salió material radiactivo de la zona controlada. La única hipótesis tomada por Charvay, la del de autoenvenenamiento, surgida de los funcionarios de NASA es de una parcialidad manifiesta y sin prueba alguna".
"Hoy la injusticia se proyecta también dentro de la empresa propiedad del estado, que después de 5 años sigue impidiendo a Almirón y a Gustavo Carriego –quien sólo fue testigo en la causa-, ingresar a la planta a realizar su labor y tareas gremiales".