La media sanción a los aumentos y recomposición de haberes jubilatorios no fue la única derrota legislativa de este miércoles para el Gobierno de La Libertad Avanza. La oposición en la Cámara de Diputados logró un nuevo triunfo al declarar la emergencia en discapacidad, en respuesta al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa fue aprobada por 150 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, e introduce una serie de medidas para revertir el desfinanciamiento de programas, garantizar pensiones y asegurar la continuidad de prestaciones esenciales.

El proyecto —impulsado por Unión por la Patria y encabezado por el exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo— establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarla por un año más. La versión original proponía extenderla hasta fines de 2027, pero se negoció un recorte temporal para facilitar consensos.

La medida contó con el respaldo de bloques como Encuentro Federal, Democracia para Siempre (radicales), la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. En tanto, el PRO y la UCR presentaron propuestas alternativas con menor impacto fiscal y discutieron internamente su voto.

“Este tema está fuera de la grieta. Se trata de acompañar y atender una crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”, expresó Arroyo durante el debate. Entre los puntos principales de la ley se destacan:

  • Asegurar el financiamiento de pensiones no contributivas.
  • Establecer una compensación de emergencia para prestadores.
  • Actualizar mensualmente el nomenclador de aranceles.
  • Garantizar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
  • Actualizar la asignación estímulo para quienes trabajan en talleres protegidos.
  • Permitir nuevos ingresos a este régimen de empleo.
  • Proteger el acceso a la salud para beneficiarios.
  • Convertir de oficio pensiones por invalidez en pensiones por discapacidad.

Arroyo ilustró la gravedad de la situación: “Hoy, una persona que trabaja cuatro horas en un taller protegido cobra apenas $28.000 mensuales, sin actualización desde febrero de 2023. Los transportistas cobran $541 por un litro de nafta que cuesta $1.300, lo que hace que en vez de transportar a la persona cinco veces por semana, lo hagan sólo dos. Y un acompañante terapéutico, si cobra, recibe $3.000 por hora por 180 días”.

Además, denunció que muchos hogares de cuidado “están al borde del cierre” por deudas acumuladas con ARCA (ex AFIP), y acusó al Gobierno de “desorganizar la vida de las familias” al enviar masivamente cartas documento y realizar auditorías “mal hechas”.

Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las nuevas altas en pensiones representarían un costo de entre 0,22% y 0,42% del PBI. La compensación a prestadores insumiría 0,03% del PBI y la actualización de la asignación estímulo para talleres, 0,0008%. Otros gastos vinculados —como el refuerzo a la ANDIS o la actualización de aranceles— no pudieron ser estimados aún.

Uno de los aspectos más sensibles del proyecto fue el rechazo al maltrato institucional hacia las personas con discapacidad. Arroyo recordó que aún circulan normativas oficiales que utilizan términos como “idiota” o “imbécil”, y cuestionó al vocero presidencial, Manuel Adorni, por haber mostrado públicamente una radiografía atribuida falsamente a un intento de fraude en una pensión.

La aprobación de esta ley representa un nuevo desafío para el Gobierno, que ya anticipó su intención de vetar cualquier norma que comprometa el equilibrio fiscal. Sin embargo, la contundencia del respaldo opositor en Diputados muestra que el malestar social frente al ajuste comienza a reflejarse con fuerza en el Congreso.