El Gobierno mexicano afirmó este jueves que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa ocurrida hace cinco años, es un caso de desaparición forzada a manos del agentes del Estado y anunció que la próxima semana se citará a declarar a los funcionarios y responsables políticos que estuvieron a cargo de la investigación.

Así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior), Alejandro Encinas, que junto al nuevo jefe de la investigación, Omar Gómez, y al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comparecieron en la rueda de prensa diaria para anunciar un nuevo impulso a las pesquisas.

Encinas explicó que en la actualidad hay dos líneas de investigación: la búsqueda en vida y la búsqueda del "destino final". "Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para conocer la verdad", dijo el subsecretario, que interrogado sobre cuánto tiempo durará esta renovada investigación, contestó "cuando la tengamos", según informó la agencia de noticias DPA.

El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, en tanto, anunció que "se llamará a todos los implicados del ámbito municipal, estatal y federal" para que declaren sobre las investigaciones realizadas en su momento. "La próxima semana se citará al ex gobernador, ex procurador y ex secretario de Seguridad, ha avanzado.

López Obrador, que ya anunció que la investigación comenzaría desde cero, reiteró su llamado "a los implicados (en el caso) a que ayuden", recordando que tendrán una "retribución económica" -1,5 millones de pesos (U$S 76 mil) para quienes den información útil y 10 millones (U$S 500 mil) por el paradero del supuesto secuestrador Alejandro Tenesco-.

Sin embargo, López Obrador agregó que el caso Ayotzinapa "va más allá de un ilícito, es un proceso fundamental de Justicia, Derechos Humanos, de las instituciones del Gobierno. Quienes ayuden no solo tendrán esta retribución económica, sino que es una ayuda para la nación", ha destacado.

También anunció que se reunirá cada dos meses con los padres de los 43 'normalistas' para informarles sobre los avances de la investigación. Los 43 estudiantes desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.

La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región. Las autoridades no han investigado esta vía.