La presidenta del bloque de diputados provinciales Hacemos Santa Fe, Celia Arena, presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo “informe qué medidas operativas en materia de seguridad se van a implementar, de manera urgente, atento el retiro de Prefectura Naval Argentina del barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, teniendo en cuenta que dicha fuerza federal estaba realizando tareas de seguridad preventivas desde el año 2016”.

En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora justicialista advierte que esta decisión del gobierno nacional “interrumpe una política pública de seguridad, que se remota a abril de 2015 con una primera intervención de Policía Comunitaria y posteriormente el desembarco de la Fuerza Federal en el Plan denominado ‘Barrio Seguro’, que tuvo como misión principal atacar la violencia altamente lesiva que azotaba al barrio desde hacía mucho tiempo”.

En igual sentido, la diputada recuerda que “el barrio Alto Verde fue uno de los barrios más violento de la provincia en términos de homicidios y heridos de armas. Con la intervención de Prefectura Naval Argentina se llevó a cabo un abordaje integral para luchar contra la violencia y el crimen organizado que asolaban el barrio”.

En este contexto, Arena aclara que con el transcurso del tiempo se fueron “debilitando aquellos primeros objetivos y paulatinamente se fueron retirando prefectos del barrio, pero no es menos cierto que los módulos instalados como punto logístico subsistían y la prevención se realizaba mediante caminantes que se desplegaban en el barrio y tenían vinculación con las asociaciones del territorio, permitiendo una sinergia entre los prefectos y los vecinos, que nunca se pudo lograr con la policía de la Provincia”.

Asimismo, la presidenta del bloque Hacemos Santa Fe señala que “si bien era necesario un cambio en la operatividad de la fuerza federal establecida en el Alto Verde, entendemos que de ninguna manera la solución es el retiro de la misma”, lo que “se agrava si vemos los escasos recursos policiales establecidos en el barrio y la infraestructura de la Comisaria 24, la cual estaba incluida dentro del marco de modernización de dependencias policiales llevada a cabo por la gestión anterior de gobierno”.

“Es importante recordar que el enclave geográfico del barrio es estratégico y en el conviven una comunidad con un fuerte arraigo con el rio, con algunos patrones culturales identitarios que hacen de Alto Verde un barrio con particularidades propias, tanto en su ejido urbano como en su geografía, lo que complejiza las tareas de prevención y seguridad”, agrega.

En la misma línea, Arena afirma que se entiende “la necesidad de un cambio de paradigma, los objetivos de seguridad que se habían trazado en el barrio en el 2016 deben analizarse, redefinirse y replantearse.

La realidad de hoy requieren un rediseño y focalizar desde otras aristas la violencia que aún subsiste junto a los hechos de robos y vandalismos que sufre el barrio, claro está que hay que analizar nuevas estrategias en materia de seguridad y un abordaje multidisciplinario con otras áreas del Estado”. 

“Sabemos perfectamente que las políticas públicas en seguridad necesitan de procesos temporales y readecuaciones a las nuevas realidades. Pero de ninguna manera deben interrumpirse abruptamente sin nuevos mecanismos de abordaje, como se intenta desde el Ministerio de Justicia y Seguridad el cual, en distintas reuniones mantenidas con vecinos del barrio les prometió reforzar con un Grupo de Infantería las tareas preventivas en Alto Verde, medidas temporales y reactivas que no constituyen una política de seguridad a largo plazo como venía ocurriendo en Alto Verde desde hace 10 años”, concluye.