La Procuración General del Tesoro dispuso una auditoría para determinar los detalles del acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino en el marco del concurso preventivo de la empresa, el cual fue rechazado por "abusivo" por la fiscal en lo comercial Gabriela Boquin. 

A su vez se ordenó la apertura de un sumario administrativo "destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino S.A. y a establecer las responsabilidades administrativas que pudieren corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes".

En la auditoría se analizará la actuación de cada funcionario que haya intervenido en el juicio que el Estado le inició al Correo por la falta de pago desde 2001 del canon por la concesión que recibió el Grupo Socma, propiedad de la familia Macri.

De esta forma se expidió el jefe de los abogados del Estado tras el dictamen firmado el viernes pasado por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez ante la presunta  falta de competencia de los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el acuerdo.

"Las razones expuestas ameritan la realización de una auditoria desde el inicio del proceso judicial, conforme a lo solicitado por la Procuraduría", afirma en la resolución firmada por el Procurador Balbín.