Los trascendidos sobre el futuro de la Ley de Alquileres y su posible suspensión, generaron más dudas que certezas entre inquilinos y propietarios que firmarán nuevos contratos. Desde el sector inmobiliario consideran que lo mejor sería volver a la ley anterior y que las partes lleguen a un cuerdo sin regulación.

En diálogo con Si 98.9, Gabriela Ortiz del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, consideró: “La ley anterior a la actual, no tenía coeficiente de actualización, era por acuerdo de partes. Es lo que estamos queriendo, porque ese acuerdo, si al inquilino no le sirve, no se firma el contrato”.

La decisión de suspender la legislación vigente se habría tomado durante un encuentro entre el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se analizó la regulación de alquileres como una cuestión prioritaria. El tema cobró relevancia nuevamente luego de que el Índice de Contratos de Locación diera un 92% de aumento para alquileres que deben actualizarse en abril.

Al respecto, la referente del sector inmobiliario evaluó: “El problema acá es la situación económica que vive el país, y se está tratando de arreglar con baches, el problema es la inflación. De aplicarse nuevamente la ley anterior, se va a trabajar de una manera más tranquila, acordando entre las partes el aumento”.

Si bien desde el sector manifiestan abiertamente su apoyo a la ley anterior, reconocen que todavía no hay ningún comunicado oficial que indique que se va a derogar la Ley, y que por ahora son todos rumores.

“Nosotros opinamos que no fue una buena decisión esta ley porque no favoreció a nadie. Los tres años y el incremento con el índice de contratos, es duro para el inquilino y para el propietario”, sostuvo Ortiz.

Si bien el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de avanzar en ese sentido, la traba es cómo lograr legalmente la suspensión de la norma que fue sancionada en el Congreso. Para tal fin se estaría estudiando la posibilidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

La Ley, que fue aprobada en noviembre de 2019 y entró en vigencia siete meses después, estableció una serie de condiciones que los dueños de departamentos no estuvieron dispuestos a acatar y como alternativa quitaron sus propiedades del mercado locativo.

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