El término “derechos humanos” es complejo, demasiado extenso, difícil de delimitar en la jerga cotidiana. Pero es aún más complejo cuando se piensa en su acepción más universal (la estadounidense) y la definición que conocemos en Argentina, que tiene su historia a partir de las luchas de organismos que reclamaban a la última dictadura la aparición con vida de desaparecidos: los “derechos humanos” son aquellos derechos que avasalla un poder estatal, ya sea un estado dictatorial como los resabios de ése.

Sin embargo, los “derechos humanos” tal como se piensan desde la “gran nación del norte” son otra cosa. Por ejemplo, son los derechos de ciertas minorías a reclamar la ilegitimidad de un gobierno popular porque avasalla los derechos sobre sus propiedades, como sucedió con el golpe de estado que depuso a Evo Morales en 2019 y le permitió a la hoy convicta Yamile Añez asumir el poder en Bolivia luego de dejar un centenar de muertos en Cochabamba y Senkata. En otras palabras, se levanta la bandera de los DDHH para denunciar aquellos países o regímenes que no cumplen con el tipo de “democracia” que exporta Estados Unidos. 

Así, el informe sobre Argentina que publicó la organización estadounidense Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos) sobre Argentina el 12 de enero pasado hace ruido porque el término “derechos humanos” aparece para señalar, en el segundo párrafo: “El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembros del gobierno han empleado una retórica hostil contra el poder judicial, el Ministerio Público y la prensa independiente.”

Pero, ¿qué es Human Rights Watch (HRW)?

El éxito de un golpe de estado como el de Bolivia el 10 de noviembre de 2019, depende también de instituciones internacionales que lo legitimen, en este caso fue la misma Organización de Estados Americanos comandada por Luis Almagro (quien declaró que el golpe se había dado cuando Evo Morales ganó su reelección en octubre de ese año), pero también otros organismos participaron en la legitimación de ese cambio de régimen que volcó a los militares a las calles –quienes contaron con armamento y municiones enviados desde Argentina por el régimen del entonces presidente Mauricio Macri– para reprimir y asesinar en las protestas. Uno de esos organismos es HRW, que el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que los militares acompañaran a Añez a tomar el poder en el Palacio Quemado, emitió un informe (en inglés) en el que se refería al golpe como la “renuncia” del presidente Evo Morales: “El presidente boliviano Evo Morales renunció el 10 de noviembre de 2019 en respuesta al pedido del jefe del Ejército nacional, general Williams Kaliman, luego de masivas protestas y de un reporte de la OEA que detallaba una “clara manipulación” del sistema de votación durante las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019.”

En sus archivos sobre HRW, el sitio de investigación dirigido por dos periodistas estadounidenses que reportan desde América latina (Max Blumenthal y Benjamin Norton) The Grey Zone, la organización aparece vinculada no sólo al golpe en Bolivia, también al pedido de liberación de mercenarios centroamericanos que son tratados como presos políticos o hace lobby para que se apliquen sanciones a Nicaragua y Venezuela en pleno brote de Covid-19. 

El 20 de abril de 2020, Benjamin Norton escribió un informe sobre el comportamiento de HRW en Nicaragua donde se lee (en una traducción al español): “En 2018, la administración Trump apoyó un sangriento intento de golpe de estado en Nicaragua, en el que extremistas de derecha dispararon, torturaron y asesinaron a fuerzas de seguridad del estado y activistas sandinistas, incendiando edificios y personas, con la esperanza de desestabilizar al gobierno. Cuando el putsch quedaba en nada, grupos de oposición financiados por el gobierno de los Estados Unidos pasaron a las sanciones y la guerra económica como la próxima arma en el arsenal del cambio de régimen.

“Supuestas organizaciones de ‘derechos humanos’ en Nicaragua, que colaboraron con la oposición de derecha, desempeñaron un papel importante en la intentona golpista, promoviendo estadísticas fabricadas y extravagantes que luego fueron vigorosamente regurgitadas por medios corporativos y ONGs como HRW.  El apoyo acérrimo de HRW a las sanciones estadounidenses claramente demuestra cómo el grupo ha sido instrumentalizado como un brazo de presión de los Estados Unidos contra los estados independientes del Sur Global, en particular los socialistas. ONGs como HRW proveen de cobertura a la guerra económica, evitando que países como Nicaragua se reconstruyan y curen las divisiones sociales que fueron exacerbadas mediante sucesivas campañas de desestabilización apoyadas por Estados Unidos.”

En ese mismo artículo, Norton traza una genealogía del accionar de HRW: “Desde los días de su fundación, HRW ha funcionado como una puerta giratoria entre el sector de las ONGs y el gobierno de los Estados Unidos. Repetidamente ha rechazado el oponerse a las guerras e intervenciones militares estadounidenses, y ha expuesto una doble moral clara hacia los aliados de Washington, mientras se fija obsesivamente en las supuestas fechorías de las naciones independientes apuntadas por los Estados Unidos.

“HRW fue fundada en el clímax de la Guerra Fría como Helsinki Watch, un grupo de lobby anti-soviético cercanamente vinculado al gobierno de los Estados Unidos y financiado por la Ford Foundation, que funcionaba como intermediario de la CIA.

“Ken Roth ha dirigido HRW por 27 años: mucho más tiempo que la mayoría de los líderes a los que acusa de dictadores. Habiendo comenzado su carrera como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, Roth nunca se ha desviado mucho de la agenda de política exterior de los Estados Unidos.

“Roth apoyó el golpe de extrema derecha en Bolivia en noviembre de 2019, y a continuación minimizó la masacre de la junta contra manifestantes indígenas. En 2011, escribió un artículo de opinión glorificando la doctrina de ‘responsabilidad para proteger’, que sostiene que Estados Unidos y sus aliados deben despachar a sus ejércitos para destruir a los gobiernos que supuestamente amenazan a su población civil. Desplegó la delgada cobertura de la conquista imperial para justificar la intervención militar de la OTAN en Libia, que transformó al otrora país próspero en un estado fallido que se volvió hogar de mercados esclavistas a cielo abierto.

“Este enero (2020), Roth ayudó a justificar la ejecución extrajudicial de la administración Trump del general iraní Qassem Soleimani, un descarado acto de guerra que por poco sume a la región en un conflicto catastrófico. En meses recientes, ha llevado su resentimiento de larga data contra el gobierno chino a niveles desquiciados, vinculando a Beijing con la Alemania Nazi y promoviendo un video fake de un curso de efectos especiales donde, decía, se trataba de ‘robots asesinos’ chinos.

“Todo esto mientras la organización de Roth se ha promocionado a sí misma como una defensora de los derechos humanos noble y absolutamente imparcial. Esta falsa campaña de branding global fue posible gracias a un subsidio de 100 millones de dólares entregado por el multimillonario anticomunista George Soros. Soros es el financista clave de la industria del cambio de régimen, un entusiasta de la guerra fría que trabajó cercano a los Estados Unidos y Europa occidental para ayudar en el derrocamiento de gobiernos de orientación socialista en Europa oriental mediante una serie de “revoluciones de colores”, privatizar sus economías, e integrar a los nuevos estados capitalistas en la Unión Europea y la Otan".