El diputado provincial por el PJ Héctor Cavallero cuestionó en duros términos aspectos de la decisión del gobierno de Miguel Lifschitz de salir a fondearse en el mercado internacional de capitales, y reveló la trayectoria de algunos bufetes de abogados contratados a tal efecto: algunos han defendido a militares involucrados en la represión ilegal durante la dictadura, y otros estuvieron históricamente del lado de los bancos multinacionales que lucraron en las últimas décadas con la deuda externa argentina.

Cavallero hizo estas revelaciones luego de que el gobierno provincial diera a conocer, a través de la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 0331 y 0332, cuáles son los estudios jurídicos y calificadoras de riesgo que contrató para emitir títulos de deuda. Al hacerse pública la información, luego de un pedido de la oposición, el diputado salió al cruce de la decisión tomada por el Poder Ejecutivo.

“El modo de actuar del gobierno no es transparente”, acusó el ex intendente de Rosario, en diálogo con Rosarioplus.com, y agregó: “Si te negás a tomar un crédito en organismos multilaterales, no publicás los decretos que firmaste, no presentás los proyectos ejecutivos de las obras donde se va a invertir la plata… No sos transparente”. 

Además, el legislador peronista advirtió: “De acuerdo con la Constitución santafesina, todo compromiso de tomar deuda debe ser consultado ante la Legislatura”.

Héctor Cavallero reveló el currículum de algunos
abogados contratados por la Provincia.
Héctor Cavallero reveló el currículum de algunos abogados contratados por la Provincia.

“Cuando vos ingresás en el mercado financiero  los fondos de especulación que compran los bonos, a partir del fallo de Griesa, piden que la jurisdicción judicial en caso de litigio sea Nueva York”, advirtió Cavallero, en alusión a una de las condiciones que aceptó Santa Fe para salir a buscar financiamiento en mercados internacionales de capitales.

Al referirse a las calificadoras consultadas por el gobierno provincial, y que fueron recomendadas por el Nuevo Banco de Santa Fe, Cavallero explicó: “Generalmente son representantes, casi siempre indirectamente, de los fondos especulativos”. “Las calificadoras van considerando los países de acuerdo a la tenencia de bonos. Si ellos venden, te lo suben; y te los bajan si ellos son los que tienen que comprar”, explicó.

Quiénes son

Parte del equipo del estudio Nicholson y Cano. Lo componen 140 abogados.
Parte del equipo del estudio Nicholson y Cano. Lo componen 140 abogados.

Uno de los estudios jurídicos contratados por el Ejecutivo es Nicholson y Cano. Al respecto, Cavallero lo identificó como "un estudio de abogados que defendió la mutual de los militares". Entre los socios del grupo de abogados consultados por el gobierno -apuntó el diputado opositor- se encuentra el hijo del represor Naldo Miguel Dasso, condenado a prisión perpetua por la desaparición forzada y homicidio de Julio Alberto Solaga y Sixto Francisco Zalasar y la privación ilegítima de libertad de cuatro personas, hechos ocurridos cuando era jefe del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 Blandengues de Concordia, entre 1975 y 1976. Además, otra socia del estudio es la abogada Felicitas Argüello, quien defendió al empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier, procesado por delitos de lesa humanidad, en una causa por evasión impositiva. 

Asimismo, en 2013, la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló que la empresa Cargill, en primer término, y Nicholson & Cano, en segundo lugar, fueron titulares del fideicomiso a través del cual se facilitó el escape ese año de los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, que estaban a disposición de la Justicia de San Juan. 

A raíz de la fuga de Olivera, la UIF congeló los fondos de un fideicomiso que había constituido con su socio, Jorge Humberto Appiani –detenido en Paraná– para liquidar los honorarios percibidos como abogados. Hasta el 31 de diciembre de 2010 el fideicomiso financiero “SJ2” tenía 9.457.804 pesos, pero curiosamente había cambiado de nombre y de titulares estando ambos detenidos.

Primero pasó a manos de la empresa Cargill, pero cuando comenzó a convertirse en un tema judicial y mediático, la multinacional se desprendió del fondo y se lo transfirió al reconocido estudio jurídico que representa a la compañía agroalimentaria.

El eterno asesor nacional

Hay un bufete jurídico internacional blanqueado a través de los decretos que publicó el Ejecutivo provincial: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Al respecto, Cavallero dijo: “Al estudio que actúa en el exterior lo han contratado todos los gobiernos, desde (Carlos) Menem en adelante. Porque hay un decreto secreto que todavía, desgraciadamente, existe en la Argentina”.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton fue fundado en Nueva York en 1946 por Henry J. Friendly, un ex juez de la Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito (tribunal que condenó a Argentina). Además de Friendly, los otros fundadores fueron George Ball, ex subsecretario de Estado y embajador en las Naciones Unidas, y Fowler Hamilton, ex director de la Agencia para el Desarrollo Internacional.

En la actualidad, Cleary está integrado por 1.200 abogados, 16 oficinas en todo el mundo y figura en el puesto 8 de los cien estudios más poderosos de los Estados Unidos. 

Cleary tiene entre sus clientes, además de la mayoría de los países latinoamericanos, a las instituciones bancarias y financieras más importantes del mundo, como el Citibank, ABN AMRO, Citigroup Global Markets, Bank of America, HSBC, Goldman Sachs, Royal Bank of Canada, Deustche Bank, BN Paribas, Credit Suisse, Credit Lyonnais, BBVA, Societé Generale, entre otras. Algunos de esos bancos, negociaron para comprarle la deuda argentina a los buitres.

En 2004, Néstor Kirchner y Roberto Lavagna comenzaron el proceso para negociar la deuda defaulteada en 2001, para dicho labor, contrató al estudio de abogados fundado por Friendly.

“Que por el Artículo 3° del Decreto N° 749 de fecha 3 de mayo de 2002, se aprueba la contratación del estudio CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON para desarrollar, entre otras, tareas de asesoramiento jurídico en las negociaciones con los acreedores externos, teniendo en cuenta para ello que desde el año 1989 —comienzo de las negociaciones que derivaron en el Plan Financiero 1992 ("Plan Brady")— la REPUBLICA ARGENTINA es asesorada por el mencionado estudio jurídico; tarea que ha incluido servicios en todas las operaciones de crédito público realizadas en los mercados financieros de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y EUROPA, desde el año 1992 hasta la fecha”, afirma el decreto 319/2004 del Estado nacional.

Cleary también asesoró en el canje de 2010 y, por supuesto, en el juicio a los buitres, donde Argentina perdió todas las instancias y hasta cometieron el error de avisar que no se cumpliría la sentencia.

Además, hace apenas un año, la Corte de Apelaciones de Nueva York les avisó que si Argentina pagaba sólo a los acreedores reestructurados, frenaría la transferencia y prohibiría que los bancos ejecuten pagos. Lo que finalmente sucedió y llevó al país al default.