El mejor remedio contra el coronavirus hoy es quedarse en casa y está claro. Pero, ¿qué pasa cuando esa casa es alquilada? ¿Cómo hacer para pagar la renta mensual si no se puede salir a trabajar? ¿Y si se vence el contrato? Las preguntas son muchas y las respuestas hasta el momento no alcanzan.

Si bien el gobierno nacional decidió tomar el toro por las astas de manera temprana, los anuncios efectuados hasta el momento no llegan a toda la sociedad. Por ejemplo, el Ingreso Familiar de Emergencia en la mayoría de los casos no será suficiente para el pago de un alquiler.

Ariel D’Orazio, de Concejalía Popular, le dijo a Rosarioplus.com que hace falta “una política direccionada claramente a los inquilinos, tanto de la actividad comercial -ya golpeada por la crisis de los últimos años- como de la economía informal, que no van a poder hacer frente al pago de un alquiler”.

El diagnóstico es tan obvio como desalentador: “La cadena de pagos se va a romper, es inevitable ante el parate económico. Y uno de los principales actores perjudicados son las personas que alquilan”.

Miles que esperan

Si bien no hay cifras oficiales, se estima que en Rosario cada año se firman 120 mil contratos de alquiler. La cifra permite calcular entonces que cada mes vencen aproximadamente 10 mil de esos acuerdos. Para los que expiran con el final de marzo todavía no hay una solución oficial, aunque sí varias propuestas en discusión tanto a nivel local como nacional.

D’Orazio contó que desde su espacio plantean “que se suspendan todos los vencimientos y se establezca una prórroga automática de al menos 60 días” ya que con la cuarentena en pleno vigor las partes no podrán sentarse a firmar un nuevo contrato.

Más allá del contexto de emergencia, tampoco parece sencillo que los dueños de los inmuebles den el brazo a torcer tan fácilmente. A la fecha “hay muchísimos abusos por parte de los propietarios y también hemos visto situaciones de acoso, incluso de violación de cuarentena de algunos dueños exigiendo a las familias que tienen que renovar los contratos”, reveló el referente del Consejo Asesor de la Vivienda.

Mirar afuera y buscar respuestas

En Rosario las agrupaciones que defienden los derechos de los inquilinos ya trabajan en conjunto con el Colegio de Corredores con la intención de acordar medidas para anunciar esta misma semana. Al mismo tiempo, se esperan respuestas desde Nación, que también debate al respecto, aunque es probable que las propuestas primero pasen por el Congreso.

Según publicó Clarín este miércoles, cualquier propuesta que ayude a inquilinos y evite remates y desalojos tendrá que pasar por el Poder Legislativo. Un DNU, por interferir en acuerdos entre privados, podría generar impugnaciones por parte de la Justicia y estirar el problema.

De momento no trascendió cuál es la idea del gobierno nacional, pero sí parece poco probable que Argentina pueda imitar a Francia, donde Emmaunel Macrón ordenó la suspensión general del pago de alquileres asegurando que los propietarios seguirán recibiendo una suma de dinero por parte del Estado.

Por su parte, con otra caja, El Salvador prorrogó el pago de alquileres de viviendas y locales comerciales y dispuso regular los precios para evitar aumentos que aplasten a los sectores vulnerables.  

Para D’Orazio, la pandemia permitió confirmar que en Argentina “debemos cambiar las formas de contratación” dejando atrás el sistema de garantías propietarias o laborales para “avanzar hacia un seguro, algo que sea de fácil acceso y que permita tranquilidad en ante estas situaciones”.