Un proyecto que plantea aplicar sobretasas de entre un 200 y un mil por ciento en la TGI a aquellos edificios que hayan violado el código urbano transgrediendo disposiciones como las zonas donde fueron construidos, su altura o dimensiones, avanza en el Concejo aunque no exento de polémicas. Es que desde la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario criticaron la iniciativa porque, consideran, la sanción terminará recayendo sobre el inquilino y no sobre la constructora. El autor de la propuesta, el edil Martín Rosúa, aceptó la observación y se comprometió a revisarla.

“No sé si tiene sentido, termina afectando al usuario final porque a la sanción la va a terminar pagando el inquilino o el dueño del inmueble, no el constructor”, apuntó Franco Gagliardo, presidente Cámara Argentina de la Construcción en Rosario, en diálogo con el programa Punto y Aparte de Sí 98.9. Interpelado por la observación, Rosúa admitió que “es un tema absolutamente razonable y habrá que buscarle la vuelta, porque sería un efecto indeseado que afecte al inquilino”. En ese sentido, el edil radical aseguró también en Sí 98.9 que se compromete "a evaluarlo y a buscarle una solución”.

Es que lo que propone Rosúa en su proyecto es que si un edificio fue construido violando alguna de las disposiciones del Código Urbano municipal, la sanción recaiga en las cuentas de la Tasa General de Inmuebles, con sobretasas que oscilarían entre el 200 y el 1000 por ciento. Lo recaudado con esas multas, propone el edil, irá a un fondo de obras públicas para que “beneficie a los rosarinos”. “La finalidad no es recaudatoria sino desincentivar la teoría del hecho consumado”.

Esa teoría, explica Rosúa, es la que comenzaron a plantearse los ediles de la Comisión de Planeamiento al observar que “el 25% de los expedientes que recibimos son proyectos que tienen que ver con regularización de obras por violar el código urbano”. Ante esas cifras, desde el Concejo sospechan que hay “profesionales que conociendo que están violando el Código Urbano, lo estiran total después cuando terminan esa obra vienen a pedir una excepción al Concejo”.

A no generalizar

Desde la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción comparten el espíritu del proyecto, pero piden que no se generalice. “Creemos que conceptualmente tiene lógica, hay que cumplir con el código y con todas las disposiciones. Pero hay que analizar un poco mejor y más profundamente caso por caso, no es lo mismo una cosa que otra”, advirtió Gagliardo. Para el titular de la Cámara en Rosario, “hay que analizar si las constructoras contravienen o son víctimas de los cambios en el Código”.

Es que, según Gagliardo, “muchas veces las contravenciones o incumplimientos del Código se dan por cambios de normativas durante el proceso de construcción y eso en muchos casos hay que analizarlo”. “Cada vez es más complejo el código urbano, hay que hacer una permanente actualización, hay obras que se demoran mucho tiempo y en ese proceso ocurren cambios, son situaciones que son complejas”, advierte y cierra el concepto: “No se trata de una contravención que se hace a propósito de entrada y para sacar ventaja”.

El proyecto de Rosúa, mientras tanto, va avanzando en el Palacio Vasallo. Tras pasar con éxito por la comisión de Planeamiento, esta semana empezará a ser debatida en la de Presupuesto.