La organización Tax Justice Network publicó esta semana su Índice 2021 de paraíso fiscal corporativo, una especie de Top 100 de los paraísos fiscales del mundo donde los más ricos del mundo esconden el dinero para evitar pagar impuestos o esconder el de procedencia ilegal. 

En Argentina, con el comienzo del debate sobre el endeudamiento del macrismo y la posterior fuga de esos capitales a paraísos fiscales y con el caso Vicentin como espejo de toda la agroexportación, el debate cobra plena vigencia.

En el informe de Tax Justice Network se estima que los estados pierden US$ 245 mil millones anuales por evasión de impuestos de las grandes empresas. Y según un informe de la organización Oxfam, en total se estima que existen en los paraísos más de 7,6 billones de dólares (equivalente al 10% del PBI mundial), lo que equivale también a un monto superior al PBI de Alemania y Gran Bretaña juntas o casi la mitad del PBI norteamericano. Es cinco veces más que el presupuesto mundial en armamento o 66 presupuestos anuales del estado argentino.

El ranking

En el primer lugar preferido para fugar y esconder la plata mediante empresas fantasmas aparecen las Islas Vírgenes Británicas (Territorio Británico de Ultramar), seguido por otros dos territorios de ultramar ingleses: Islas Caimán y Bermudas.

Luego, bastante más abajo, aparecen los Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, Jersey (dependencia de la corona británica), Singapur y los Emiratos Árabes Unidos

Lo llamativo es que los primeros seis paraísos fiscales del mundo corresponden a países miembros de la OCDE, la organización internacional dirigida por las potencias y responsable de dictar las políticas sobre impuestos internacionales. Los zorros cuidando el gallinero.

“Durante los últimos 60 años, la OCDE ha convertido la política fiscal global en una herramienta para priorizar las ganancias de las mayores corporaciones multinacionales sobre las necesidades de todos los demás, exacerbando las desigualdades que enfrentan las mujeres y otros grupos sociales”, explicó Irene Ovonji-Odida en el último Panel de Alto Nivel de la ONU sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad (FACTI).

 

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El espejo de Vicentin

La cuestión no es nueva, si bien varios de esos paraísos fiscales fueron noticia en los últimos tiempos en Argentina, a partir de informes internacionales que develaron transacciones de empresarios locales de renombre como el caso de Marcelo Tinelli quien apareció en  un reporte secreto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN),  o el empresario periodístico rosarino Alberto Lotuf, denunciado en los Panamá Pappers.

A partir de datos del FMI, la ONG Oxfam calcula que la inversión empresarial en paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro entre el año 2000 y 2014.

En Argentina fue con el escándalo de Vicentin cuando la trama de las grandes empresas quedó más claramente al desnudo, pero tampoco arrancó ahí. Previo al default de la cerealera, y en el marco de la investigación de FinCEN, se daba cuenta de denuncias del Deutsche Bank en 2014 y 2015 sobre operaciones sospechosas de Glencore, la socia de Vicentin en Renova con la firma Vicentin Paraguay.

 

 

También con la publicación de los Panamá Pappers, años antes, se conoció que el sanlorencino Maximiliano Nardelli, hijo de Gustavo Nardelli –uno de los directivos de la empresa– figuraba como titular de la offshore Kerdale Investments Corps. en las Islas Vírgenes Británicas junto al rosarino Habib José Miguel Abraham, socio de Nicolás Nardelli en Labutte SRL y de Maximiliano en otra empresa argentina, Compañía General de Combustibles SRL.

"Nueve de cada diez empresas multinacionales tienen presencia en paraísos fiscales", asegura un informe de la ONG Oxfam publicado el 19 de enero de 2016, tras analizar 200 empresas, entre ellas las más grandes del mundo y las socias estratégicas del Foro Económico Mundial. 

Y es el sector de la agroexportación uno de los principales actores de la fuga masiva y el ocultamiento de divisas en estos paraísos. 

Sergio Arelovich, economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y veedor en el concurso preventivo de Vicentin por parte de la Federación Nacional Aceitera, explicaba en una entrevista brindada al portal Infobae que “en el caso de Argentina, el 100% de las empresas extranjeras del complejo oleaginoso tiene sus casas matrices en paraísos fiscales. Delaware, Gibraltar, Suiza, Londres, Luxemburgo, todas. Incluso Cofco, creada por el Estado Chino pero con participación de grandes fondos comunes de inversión como Goldman Sachs, se mudó de Beijing a una de estas zonas de nula o baja tributación”

“Son lugares de última instancia donde se giran nominalmente las divisas. A su vez, con independencia de dónde está la casa matriz, la mayor parte lo comercian con firmas propias radicadas en paraísos fiscales, lo que vuelve más opaco el comercio internacional, afirma el rosarino Arelovich en la misma entrevista.

 

Acceso a planta de Cofco en Timbúes.
Acceso a planta de Cofco en Timbúes.

 

Pero no solo las agroexportadoras internacionales son asiduas usuarias de los paraísos fiscales, también lo son los dueños de la tierra en el país.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales realizado en 2016, una de cada 16 hectáreas en manos de extranjeros en Argentina son administradas a través de firmas emplazadas en estos paraísos. La extensión de tierras rurales controladas por sociedades offshore representa 55 veces la superficie de la Capital Federal.

La deuda también

El mecanismo de fuga del dinero ingresado como deuda externa durante el gobierno de Mauricio Macri, que comenzará a ser investigado por la Argentina según afirmó el presidente Fernandez, tiene larga data en el país.

Y es que muchos de los “tenedores” de bonos argentinos de deuda están vinculados a la banca internacional y a fondos de inversión, los cuales tienen filiales en estas guaridas, como el estado norteamericano de Delaware o las Islas Vírgenes Británicas.

Incluso durante el macrismo se vendieron bonos a bancos directamente instalados en paraísos fiscales. A través de una resolución conjunta del ministerio de Hacienda y de Finanzas, en 2017 el gobierno nacional vendió los Bonar 2024 a dos bancos: Credit Suisse de las Islas Caimán y el ICBC de Dubai, en Emiratos Árabes, dos lugares considerados paraísos fiscales, lo que implicó una deuda de mil millones de dólares a una tasa anual de 8,75%.