La industria santafesina atraviesa un momento complejo por el freno en la actividad económica, pero también por decisiones políticas en materia de apertura comercial que generan desigualdades a la hora de competir. El estado de situación afecta a uno de los sectores multiplicadores de empleo en la región.

Las datos de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe) vienen ratificando en los últimos meses las dificultades que atraviesan los distintos sectores que componen el entramado industrial, en gran medida por la caída de la demanda interna. Si bien los últimos datos advierten cierta recuperación en el promedio, ese resultado parcial responde a una comparación con 2024, momento de profunda recesión. 

En simultáneo a esta realidad, el gobierno nacional profundiza políticas desregulatorias, que permiten el ingreso de productos provenientes del exterior y que comprometen a los fabricantes locales, con la excusa de que esa medida va a contribuir a la estabilización de precios. 

En ese contexto, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) expresó su “profunda preocupación” ante la reciente entrada en vigencia del Decreto 273/2025, que elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una herramienta clave para regular el ingreso de maquinaria y equipos usados al país.

Desde la entidad advierten que esta decisión desregula un aspecto crítico del comercio exterior, al suprimir requisitos básicos de trazabilidad, seguridad, condiciones de uso y compatibilidad normativa. En consecuencia, se abre la puerta al ingreso de equipos que podrían haber sido descartados en sus países de origen, lo que, según FISFE, pone en riesgo no solo la salud de los trabajadores y consumidores, sino también la calidad y estabilidad de los procesos productivos locales.

En este mismo sentido, la Unión Industrial Argentina (UIA) también salió con un fuerte rechazo hacia la medida y consideró que “autorizar el ingreso de maquinaria usada —que no pasa por los controles técnicos, de calidad y seguridad a los que es sometida la producción nacional— constituye un riesgo para la seguridad de los trabajadores y calidad de los productos así como una competencia absolutamente desleal”.

En términos concretos, la eliminación del CIBU posibilita que los importadores ya no tengan que tramitar un permiso especial para ingresar bienes usados que están incluidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur. En esa lista, entre otros rubros, está la maquinaria industrial, motores, calderas, transformadores eléctricos, tractores y equipos agrícolas, generadores, embarcaciones, drones y aparatología médica.

Sin aviso previo y sin posibilidad de competir

Además de cuestionar la falta de consulta previa o de alternativas técnicas que compensen la eliminación del CIBU, la Federación denuncia que la medida genera una “competencia desleal” para la industria nacional, en particular para los sectores que vienen apostando por la innovación, la capacitación de sus recursos humanos y la incorporación de tecnología.

“Medidas como esta no sólo desincentivan esa dinámica virtuosa, sino que además erosionan las condiciones de desarrollo de los sectores productivos más comprometidos con el agregado de valor y la producción local”, señalaron desde la entidad.

FISFE hizo especial hincapié en el peso estratégico del sector metalmecánico santafesino, que cuenta con más de 2.000 fábricas distribuidas a lo largo del territorio provincial, generando más de 50.000 empleos directos. Estas empresas no sólo abastecen al mercado interno, sino que también son proveedoras clave para cadenas de valor como la agroindustria, el petróleo, el gas, la minería, la construcción, el transporte y la energía.

Frente a este escenario, la Federación se suma al reclamo de otras cámaras sectoriales y entidades provinciales, solicitando al Gobierno Nacional una revisión urgente del decreto. Aseguran que esta política contradice los objetivos de un desarrollo federal con producción nacional y generación de empleo genuino.

Se acumulan los reclamos

Esta no es la primera advertencia de FISFE sobre las políticas implementadas por el gobierno nacional. Es que mientras Javier Milei celebraba la salida del cepo y un nuevo desembolso del FMI hace algunos días, FISFE formalizaba un nuevo reclamo en el Congreso de la Nación por el avance de las medidas desregulatorias que afectan al sector. 

Desde la entidad consideran que la profundización de la apertura comercial sin un plan integral que nivele las condiciones de competencia con el exterior “puede generar un daño irreparable sobre el tejido industrial argentino”.

El Tesorero de Fisfe, Mariano Ferrazzini, brindó una exposición en el marco de la Comisión Pyme de la Cámara de Diputados, centrada en los desafíos que enfrenta el entramado productivo frente a una apertura económica sin planificación. Allí dejó en claro que, si bien suscriben al equilibrio fiscal y externo como condición clave para la estabilidad macroeconómica, alcanzarlo a costa de las capacidades productivas implica costos demasiado elevados.