La industria textil argentina expresó su preocupación por la rebaja de aranceles a la importación de ropa y calzado, anunciada la semana pasada por la administración de Javier Milei. Consideran que esta medida podría afectar el empleo, la producción y el crecimiento del sector, por lo que pidieron al Gobierno reconsiderar su decisión.

La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) publicó un comunicado donde expresa su “profunda inquietud” por el anuncio del Ejecutivo sobre la reducción de aranceles para la importación de estos productos.

En este sentido, advirtieron que “sin una estrategia integral que mejore la competitividad global de la industria local, esta medida podría poner en peligro seriamente el empleo, la producción y el desarrollo de la cadena de valor textil en Argentina”.

La postura de FITA responde a la decisión del Ministerio de Economía de reducir los aranceles de ropa y calzado del 35% al 20%, los de telas del 26% al 18%, y los de hilados de 18% a un rango entre el 12% y el 16%.

El sector textil en Argentina emplea a más de 540.000 personas y es un motor clave del desarrollo de economías regionales. Es el principal empleador en provincias como La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, y también tiene una gran presencia en la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires y Tucumán.

El sector textil argentino enfrenta dificultades debido a la caída de ventas, lo que ha provocado una menor actividad en las fábricas y el cierre de algunas plantas y comercios, afectando negativamente el empleo.

Desde FITA señalaron que “en la actualidad, la industria opera con una baja utilización de su capacidad instalada, y en el último año se han perdido muchos puestos de trabajo: uno de cada tres empleos perdidos corresponde al sector textil”.

La entidad también expresó su preocupación de que “la reducción de aranceles se implemente sin haber realizado las reformas necesarias para reducir la carga fiscal, mejorar el acceso al financiamiento y optimizar la infraestructura logística”, destacando que “con una presión fiscal cercana al 50% en el sector formal, la competencia resulta casi inviable”.

Además, advirtieron que “la experiencia internacional demuestra que una apertura comercial sin planificación adecuada puede debilitar la industria local en lugar de fortalecerla”, y argumentaron que “priorizar la reducción de aranceles sin aliviar los costos internos genera una competencia desigual que pone en peligro el sistema productivo nacional”.

Aclararon que “no pedimos beneficios específicos para el sector, sino trabajar de manera conjunta para mejorar la competitividad de nuestra industria”, y subrayaron que “para lograrlo es necesario igualar las condiciones con los productos importados, que provienen de países con menores impuestos, leyes laborales más flexibles y acceso al crédito para la producción”.

Una preocupación similar fue planteada días atrás por la Unión Industrial Argentina (UIA), que señaló que “es preocupante que la agenda de integración comercial no vaya acompañada de una agenda de competitividad interna”, e insistió en la necesidad de trabajar para “nivelar las condiciones frente a las desigualdades generadas por el llamado costo argentino”.

Por su parte, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) calificó la medida del Gobierno como un “industricidio”, al señalar que podría provocar “la pérdida de miles de empleos y el colapso de cientos de industrias”. También argumentaron que esta medida “favorece la competencia desleal de productos importados, que ingresan al país a precios bajos debido al dólar barato y los costos laborales e impositivos en los países asiáticos donde se fabrican”.

Ante esta situación, desde FITA pidieron al Gobierno reconsiderar esta medida y se ofrecieron a colaborar en la creación de un plan de desarrollo que garantice condiciones justas y sostenibles para la industria nacional y sus trabajadores.