En un comunicado emitido esta semana el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que “mediante el accionar coordinado entre organismos de control del sector agropecuario, se han detectado operaciones de exportación de carnes realizadas por empresas no inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA)” y como resultado “se logró desnudar la operatoria de varias organizaciones que se dedicaban a la exportación de carne y granos con la finalidad de evadir los controles del Estado Nacional para su propio beneficio, en competencia desleal sobre el resto de los operadores y en grave perjuicio para las arcas públicas”

El resultado de los operativos arrojó la suspensión de actividades de 15 empresas exportadoras y el secuestro de más de 40 toneladas de carne congelada que tenían destino de exportación.  

Las maniobras detectadas tenían como objetivo realizar una operación de evasión en la liquidación de divisas y aprovechar la diferencia de cotización del dólar oficial y el blue para sacar diferencias. Así como en el ámbito financiero de pequeños ahorristas se instaló durante un tiempo el “rulo cambiario”, el negocio de la exportación de carnes y cereales se tornó un espacio propicio para hacer lo mismo con las divisas obtenidas de la venta de commodities.

Vendían la carne al exterior, pero no liquidaban el total de las divisas en el plazo máximo que estima la ley para los exportadores que es de 180 días. Los dólares de estas operaciones eran enviados a cuentas en el exterior, evitando ingresarlo en el sistema oficial al precio oficial, para ingresarlos luego a la cotización del dólar blue o contado con liqui a través de cuevas financieras.

Según explican desde el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC, en sus siglas en inglés), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica) en un comunicado esto es “la operatoria de empresas exportadoras que utilizan maniobras de triangulación con empresas radicadas fuera del país y posibilitarían el ingreso de divisas por fuera del mecanismo natural de liquidación de exportaciones”.

Declaran una exportación a un valor menor que el real de la venta utilizando una tercera empresa relacionada en el exterior. 

La preocupación no es nueva, Silvia Traverso , quien encabeza la Dirección General de Aduanas (DGA),  explicó en una nota de noviembre al diario La Nación que se reunió con cámaras exportadoras de otros sectores para definir cada uno de los valores.

"Ahora estamos trabajando con las exportadoras de productos cárnicos para establecer valores referenciales en el sector. En aquellos productos donde no existe un valor referencial, también son objeto de fiscalización ante desvíos que detectan los sistemas en función de múltiples variables monitoreadas en forma permanente", indicaron en el organismo.

Una bicicleta que genera menos trabajo y más inflación

Desde las entidades que representan a los frigoríficos aseguran que vienen pidiendo al gobierno “la implementación de mejores controles en materia sanitaria, fiscal y laboral con la finalidad de evitar la competencia desleal y mejorar el ambiente de negocios para apuntalar la creación de empleo genuino”.

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), también denunció que desde la pandemia que se vienen haciendo estas operaciones subfacturadas de exportación de carne a China y que luego el diferencial de precio se realiza a través de una tercera empresa radicada en el exterior.

El telón de fondo de estos negocios es el gigantesco volumen de un mercado marcado por las importaciones de carne vacuna de China que siguen creciendo y en los últimos años una explosión de exportación que promete sostenerse en el mediano plazo.

En enero, el USDA (Ministerio de Agricultura de EEUU) estimó que China importaría 3,1 millones de toneladas lo que significa un incremento de 11%. El volumen de carne importada así por China equivale a toda la producción argentina de ese alimento del año 2020.

Varios empresarios del sector marcan lo llamativo de la situación en la que durante el 2020 aumento sideralmente el volumen de exportación de carne y la recaudación cayó en US$200 millones. Algo que no se explica por los precios que si bien tuvieron vaivenes y caídas se mantienen en alza.

"Este escenario perjudica a los exportadores que hacen las cosas bien porque a la hora de comprar hacienda pagan más y suben los precios y distorsiona el mercado interno al comprar animales que iban al consumo interno para enviarlos afuera", afirma Schiariti.

Recuperar los controles eliminados por el macrismo

La semana pasada desde el Senasa informaron que para realizar trámites y requerir certificados sanitarios, los exportadores deberán estar inscriptos en el Registro de Importadores y/o de Exportadores de la Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) así como también en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA).

“La falta de inscripción simultánea del interesado en los citados registros imposibilitará el inicio, tramitación y/o culminación de cualquier trámite ante el Senasa que así lo requiera”, afirma la comunicación publicada en el Boletín Oficial.

La supuesta “simplificación” de trámites para la exportación impuesta por el macrismo facilitó la aparición de “exportadores sin fábrica”, que ingresan al negocio para generar algún beneficio financiero y desaparecen cuando la brecha cambiaria se achica.

“En el año 2019 se eximió de ese requerimiento y muchas sociedades anónimas simples sin RUCA con solo estar inscriptas en AFIP exportaron. Es solo buscar que estén inscriptos como cualquier exportador de productos agropecuarios. Se debe entender que se están armando de nuevo una serie de controles que el gobierno anterior había dejado sin efecto”, indicaron desde el Senasa.

El organismo oficial aclaro en el comunicado publicado esta semana que “una vez finalizadas las inspecciones, el Ministerio nacional procederá a realizar las respectivas denuncias a cada organismo según su competencia, -entre los que se encuentran la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Aduana y la Unidad de Información Financiera (UIF)-, y en sede judicial”.