Este jueves el Juez Civil y Comercial, Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores de Vicentin, resolvió que la empresa puede volver a exportar y de esta manera dejó sin efectos los planteos inhibitorios por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Administración General de Aduanas (DGA).

El magistrado agregó que el organismo estatal deberá abstenerse a restringir o limitar la capacidad de la concursada para concretar ventas al exterior. También ordenó revisar la calificación de la empresa, que había sufrido una rebaja y que se reestablezca su situación administrativa.

Lorenzini argumentó su decisión a partir de que el objetivo del concurso apunta a la viabilidad de la empresa, de sus unidades de negocios, de sus establecimientos fabriles, de su continuidad operativa de la preservación de las fuentes laborales y no de acciones que atenten contra la posibilidad de que Vicentin cumpla con sus deudas.

En ese sentido, consideró que la penalización de la AFIP-DGA, afecta, “mediante una punición excesiva”, los contratos que la empresa en crisis debe honrar con terceros que han confiado en su capacidad de brindarles servicios (a fazón) y que ahora se veían amenazadas a causa de esta situación emergente.

En el escrito, el juez vuelve a hacer hincapié una y otra vez en la necesidad de preservar la continuidad de la empresa y “evitar el colapso de la empresa en marcha, por la ya mencionada aplicación sesgada de normas fiscales que colisionan con los principios de la legislación concursal".

Del Frade salió al cruce

Tras la resolución, el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, manifestó su rechazo sobre los argumentos que fundaron la decisión de Lorenzini.

“Resulta ofensivo que el juez del concurso crea que la media decena de causas penales abiertas por distintas estafas contra parte del directorio del grupo, del Banco Nación y del Central en aquellos años, sean detalles menores como también los 1.700 productores endeudados y los casi 800 millones de dólares fugados”, señaló.

El integrante de la Comisión de Seguimiento del caso en la legislatura, no manifestó oposición a la posibilidad de que la cerealera vuelva a exportar, pero consideró “ofensivo” que el Juez hable de “un período transicional” en sus operaciones sin mencionar los 1.500 millones de dólares que debe.

Por último, Del Frade concluyó: “Ahora, como regalo de Navidad e impunidad, Lorenzini decide que Vicentin SAIC, una de las 33 empresas que componen el grupo del que nunca habló en sus resoluciones, puede volver a exportar de manera “natural” como si aquí no haya pasado nada”.