Esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la cuarta revisión del acuerdo con Argentina y más allá de las exigencias con las que viene insistiendo el organismo en términos de recaudación, sugirió algunos puntos que pueden afectar a los sectores más vulnerables en medio de las dificultades económicas que atraviesa el país.

En el comunicado emitido tras la última reunión que mantuvieron las partes, el FMI le pidió a la Argentina que apure la quita de subsidios a las tarifas energéticas para los sectores de mayor poder adquisitivo, al tiempo que exigió “limitar el impacto fiscal” de la moratoria previsional recientemente aprobada por el Congreso mediante “regulaciones estrictas” para que ingresen solo “aquellos de necesidad”.

Desde el organismo multilateral hicieron constante hincapié en el contexto de “financiamiento limitado” y “cobertura de reservas débil y decreciente” que sufre Argentina. También mencionaron en reiteradas oportunidades las limitantes que ocasionará la sequía.   

En ese sentido, advirtieron sobre la necesidad de redoblar el ajuste para conseguir que el déficit fiscal se mantenga en el 1,9% del PBI, algo que en términos nominales seguramente va a subir debido al efecto de la inflación. Es decir, el número final podría ser más alto al previsto, pero siempre representando el 1,9% del PBI.

“Dada la magnitud del shock climático, se justifican algunos ajustes a la baja en los objetivos de acumulación de reservas, aunque será necesario un paquete de políticas más sólidas para salvaguardar la estabilidad y mantener el papel de ancla del programa”, planteó Gita Gopinath, la número dos del FMI.

En término de políticas concretas, la funcionaria sostuvo: “Será fundamental garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, incluyendo para reducir la regresividad del sistema”.

En relación a la moratoria previsional aprobada por el Congreso y que permitirá la jubilación de unas 800 mil personas, aseguró: “El costo fiscal debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad”.