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A diferencia de Violeta Parra que ansiaba volver a los 17, la intendenta Mónica Fein no ve la hora de que llegue el 2017. La razón radica en que el año próximo se terminan de pagar los préstamos internacionales que se tomaron en la década del '90 y la caja municipal quedará liberada de deuda de largo plazo. Este lunes, el gobierno municipal envió al Concejo un proyecto con el cual pide que se la autorice a operaciones de crédito público por 200 millones de dólares.

Entre los préstamos tomados en los '90 y a lo que se apunta ahora hay sustanciales diferencias. Una es que en aquel entonces se tomaron créditos a 20 años con organismos multilaterales (la última cuota vence en el primer trimestre de 2018) para accesos viales internos como Pellegrini, Oroño, Seguí y Avellaneda; se abrieron Sorrento hasta Circunvalación y el Camino de los Granaderos, se levantaron el Cemar, la última etapa del nuevo Heca, varios de los centros municipales de distrito y se informatizó parte de la Municipalidad.

En esta oportunidad, se pretende emitir bonos o títulos en el mercado local e internacional. Si bien el grueso volverá a ser para infraestructura, un 27 por ciento será para reestructurar la deuda de corto plazo con proveedores y prestadores de servicios.

Aquí radica la sorpresa. porque si bien es razonable pagar menos intereses y sacarse la soga del cuello, hasta ahora contraer deuda para cubrir otras deudas era mala palabra en el libreto socialista, que veía virtud en el crédito público siempre que se destine a infraestructura cancelable a largo plazo, bajo la premisa de que es injusto que obras millonarias, que servirán a varias generaciones, recaigan sólo sobre la espalda de la primera.

Pero la necesidad tiene cara de hereje. Según el proyecto enviado al Concejo, los 200 millones de dólares (o la cifra que se autorice) se aplicarán a obras y bienes de capital (60%), reestructuración de pasivos (27%), capitalización del Banco Municipal de Rosario (10%) y modernización tecnológica (9%).

Siguiendo esta proyección se puede tener una aproximación del pasivo que apremia a la caja del Palacio de los Leones: el 27 por ciento de 200 millones de dólares son 54 millones de dólares, es decir entre 800 y 900 millones de pesos. Si se tiene en cuenta que ese pasivo de corto plazo se refinancia con tasas del orden del 30 por ciento anual, los recursos que se van en intereses se multiplican de a decenas de millones del presupuesto.

Según la concejala Verónica Irízar, ex secretaria de Hacienda, el núcleo duro de esa deuda viene de arrastre de 2001, cuando en medio de la crisis se acordó con los prestadores de servicios públicos (por ejemplo recolección de residuos) refinanciar a 180 días el pago de certificados. En todos estos años la Municipalidad no pudo remontarla.

En definitiva, la propuesta es canjear deuda cara por otra de menor carga financiera y estirar plazos, lo que implica convertir a deuda consolidada lo que técnicamente hasta ahora la Intendencia no consideraba como tal. En la contabilidad figuraba que se cancelaba dentro de un mismo ejercicio pero en la realidad es una bicicleta que se pasaba año tras año.

La realidad es que los municipios tienen muy poca capacidad de inversión de capital y recurren a distintas estrategias para financiar sus gastos corrientes. Adelantos de coparticipación, emisión de bonos o, como Rosario, deuda flotante. Por el contrario, Córdoba capital, ciudad que pusieron como ejemplo los funcionarios locales, tiene distintos frentes abiertos: prorroga pagos a proveedores, el año pasado emitió bonos por 178 millones de pesos y, a partir de que el gobierno nacional alienta la toma de deuda en el exterior sin discriminar destino, en septiembre fue el primer municipio del país en tomar 150 millones de dólares en el mercado de capitales. Lo hizo al 8%, tasa que en el caso de Rosario se espera que sea más baja.

Historia de la deuda reciente

La deuda que termina de pagarse en 2017 fue contraída en los '90. En aquellos tiempos, se chanceaba que el secretario de Hacienda Ángel Sciara estaba más atento a la compleja maraña de expedientes y requisitos que le demandaban los organismos de créditos multilateral y la Nación, que a la marcha diaria de las cuentas de la ciudad, a las que se dedicaban full time los secretarios de Ingresos y Hacienda, Sergio Beccari y Carlos Fernández.

Sciara, además de tener buen vínculo con los funcionarios del BID, cargaba en sus espaldas una pata importante del proyecto político que tenía a Hermes Binner a la cabeza y que recién echaba a andar.

El acierto de entonces fue sacarle el jugo a una línea de crédito para Grandes Aglomerados Urbanos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso a disposición del Estado nacional a muy baja tasa. El mecanismo funcionaba así: los montos ofrecidos se relacionaban a los ingresos propios y la capacidad de endeudamiento, pero el dinero aparecía a medida que se presentaban obras concretas, previa contratación de consultoras homologadas y con el proyecto ejecutivo realizado y aprobado.

A diferencia de Tucumán, Córdoba y Mendoza, Rosario aprovechó casi el ciento por ciento de lo ofrecido. El acierto fue un equipo técnico de dedicación exclusiva que armó Sciara e integraban Julio Calzada (hoy Bolsa de Comercio) y parte de la camada de alumnos que había reclutado de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNR, entre ellos Irízar y el ahora ministro de Economía, Gonzalo Saglione.