Por Rodrigo Miró y Álvaro Arellano

Angel Torti y Juan Carlos Guardati, directivos de la agrofinanciera Guardati y Torti (GYT) quedaron detenidos bajo prisión preventiva este jueves luego de una audiencia de cuatro horas en la que sumaron una nueva imputación por ofrecer dinero a acreedores a cambio de que avalen la oferta concursal.

“Tenemos ya de por sí un delito de administración fraudulenta. Y lo que se ha sumado aquí con estos dos convenios, son acciones delictivas de gravedad y que se producen cuando los imputados estaban con alternativa a la prisión preventiva", manifestó el juez Hernán Postma en el cierre, al dictar la prisión preventiva por 90 días para los dos empresarios..

Ambos ejecutivos de la firma llegaron al Centro de Justicia Penal luego de ser allanados y detenidos el miércoles en sus respectivos domicilios en el marco de un procedimiento que llevó adelante la Agencia de Investigación Criminal (AIC). 

Si bien se esperaba que durante la audiencia las partes expongan sobre las imputaciones ya conocidas (fraude en perjuicio de 158 inversores y falsificación de balances contables), el fiscal Sebastián Narvaja los imputó por dos nuevos hechos en concurso real en grado de coautores, por convenios firmados con acreedores que establecían pago a cambio de votar favorablemente en el concurso.

Según se indicó durante la audiencia en la Sala 10 del CJP en la que estuvo presente Rosarioplus, el 8 y 10 de junio pasados se firmaron dos convenios con damnificados a partir de las estafas perpetradas por parte de GYT. Uno de ellos fue con un empresario transportista, a quien la vaciaron 17 millones de dólares de su cuenta comitente, causa por la cual hace pocas semanas los directivos recibieron su última imputación.

Uno de los convenios firmado establecía un pago de 65 mil dólares en cuatro cuotas para el empresario transportista y en otro aparte figuraba la suma de 7 mil dólares para el otro damnificado. Según relató el fiscal, uno de ellos le acercó el acuerdo de reparación con el objetivo de recibir asesoramiento al respecto. 

Luego de la declaración de los damnificados, se allanó la escribanía donde se concretó el acuerdo y encontraron los documentos en cuestión. De hecho, más adelante el fiscal apuntó que habría otros convenios similares. 

Tras dar a conocer los detalles sobre los convenios firmados, el fiscal Sebastián Narvaja pidió 90 días de prisión preventiva para Angel Torti y Juan Carlos Guardati.

"Estamos ante dos personas que con tal de cerrar el acuerdo preventivo, están cometiendo nuevos delitos. Hay peligro de entorpeciendo de prueba, ya que en la misma escribanía había 40 convenios más, que serían similares a estos dos que trajimos aquí. Para entorpecer a la justicia, a los señores Guardati y Torti les alcanza con tener una lapicera y los contactos adecuados. Por eso la única forma de evitarlo es un encierro preventivo", deslizó Narvaja durante la audiencia.  

La defensa y el cierre

Luego vino el turno del abogado de los directivos, Claudio Puccinelli, quien al momento de la defensa dejó en evidencia que la situación de sus defendidos venía más que complicada. Sobre el final de su larga presentación, ofrece elevar el monto de la caución económica, y como "última opción" que Guardati y Torti queden en detención domiciliaria, con permisos para ir al médico.

El propio Guardati había declarado que desde 2017 padece cáncer de lengua y reveló que en la próxima operación podría sufrir el corte a la mitad de ese órgano muscular, con lo cual debería alimentarse a través de una sonda por medio de una traqueotomía. 

Por último, y luego de escuchar a las partes, el juez Hernán Postma recordó que durante febrero se les había concedido la libertad provisional a los imputados. Pero consideró que "esas libertades caducan cuando el imputado incurre en un nuevo delito penal", tal como lo establece la ley.

Teniendo en cuenta lo expuesto por los fiscales, determinó: "Tenemos ya de por sí un delito de administración fraudulenta. Y lo que se ha sumado aquí con estos dos convenios, son acciones delictivas de gravedad que se producen cuando los imputados estaban con alternativa a la prisión preventiva".