Esta semana la causa Vicentin sumó dos nuevos capítulos que apuntalan la idea de que el “strees financiero” no fue ni tan sorpresivo ni tan inevitable como aseguran sus directivos.

Por un lado la auditoria forense habilitada por el juez del concurso, Fabian Lorenzini, en agosto del año pasado presentó un extenso informe que asegura que la empresa no mostró durante los años 2017 y 2018 su pasivo real, dejando fuera de los asientos contables los granos entregados por los productores bajo la modalidad de “precios a fijar.

Con esta maniobra la empresa mostró números mucho más favorables que los que realmente tenía, al no registrar sus deudas comerciales. Algo que apareció de golpe en el tan esperado balance 2019 que los directivos de Vicentin presentaron fuera de término y después del reclamo de todas las partes.

La auditoría forense había sido un pedido de los principales acreedores y los sindicatos de aceiteros y es similar a una investigación como las que se hacen en el ámbito penal, pero sobre la cuestión contable. Se utiliza para determinar la posibilidad de que más allá de los “errores comerciales” que alega Vicentin haya detrás maniobras voluntarias de evasión o vaciamiento.

La auditoría está a cargo de las empresas Deloitte y Arnaud Iribarne y Asoc. con Abelovich, Polano y Asoc. SRL Nexia. La primera fue propuesta por los bancos extranjeros y la Asociación de Cooperativas Argentinas y la última por el Banco Nación y representantes de los sindicatos.

El informe de 103 páginas comienza a echar un poco de luz a los números de la defaulteada y sobre el destino de su enorme deuda comercial. Allí los auditores explican que "las deudas con los proveedores granarios no se encontraban expuestas en el Pasivo".

Para llegar a las conclusiones del informe presentado esta semana los investigadores cruzaron la poca información brindada por Vicentin con los asientos contables de 8 de los grandes acreedores granarios que participan del concurso.

"Se observa con claridad que el pasivo expuesto en los cierres de octubre de 2017 y 2018 no estaría incluyendo la deuda por la compra-venta de granos con precio a fijar", aseguran los auditores en el informe.

Según Vicentin cuando las operaciones eran con “precio a fijar” no se registraban hasta que el dueño de los granos pidiera su fijación. Pero según los investigadores deberían haber figurado en los asientos contables como cualquier otra operación porque ya eran una deuda de la empresa.

Esta operación pudo servirle a Vicentin para ocultar su pasivo real y mostrar un mejor estado de la liquides de la empresa, lo que entre otras cosas le fue indispensable para convencer a los bancos internacionales de sus pedidos de créditos. Recordemos que la mayor deuda que hoy tiene la empresa es con estos bancos, y que esa deuda ha crecido al ser tomada en dólares por Lorenzini a diferencia de la deuda de los productores que fue pesificada.

Por otro lado, aunque no aparece claro todavía, le permitió a la empresa tener una liquidez de dinero fresco sin registrar, que en aquel momento muchas empresas agropecuarias utilizaban para apostar en la timba financiera del macrismo con las Leliq y otros instrumentos financieros.

Los acreedores ahora quieren afuera  a los directores y adentro al Estado.

También esta semana un grupo de más de 60 acreedores comerciales publicó una propuesta para sanear la empresa y ponerla de nuevo en marcha, que fue enviada al directorio de la estresada empresa del norte provincial.

Representan entre el 25 y el 30% de los aproximadamente US$300 millones de deuda granaria del concurso y exigieron entre otras cosas que para sanear la empresa es indispensable que dejen el directorio los accionistas que hoy la dirigen.

Entre las empresas firmantes resalta la firma Grassi S.A que desde el comienzo tuvo posiciones duras con el concurso, e interés en quedarse con activos de Vicentin. Es una de las firmas que encabezó el fallido pedido de dolarización de las deudas granarias.

Si bien el sector rechazó el intento de estatización e intervención estatal de la empresa en el escrito presentado esta semana pidieron la participación del Estado nacional y del gobierno de Santa Fe.

"La participación del Estado Nacional y el de la Provincia de Santa Fe serán imprescindibles para poder llegar a una solución", aseguran.

Finalmente piden en la misiva enviada al directorio y al interventor la financiación del Banco Nación para volver a poner la empresa en marcha afirmando que “el Banco Nación, como agente de desarrollo para el país, es esencial para construir herramientas para financiar la originación y recomponer el capital de trabajo de la empresa”