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Durante los últimos días del año 2015, el gobierno de Mauricio Macri dio por terminado el blanqueo de capitales que había implementado el gobierno de Cristina Fernández con el objetivo central de captar una parte de las divisas que se encuentran fuera del circuito formal de la economía argentina.

El argumento que esgrimió en aquel momento el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, fue que "el blanqueo facilitaba el narcotráfico", y que era "inaceptable desde el punto de vista técnico, político y moral". Se criticó también las bondades del plan para quienes evaden impuestos, en detrimento de quienes tienen una sana conducta impositiva pero nunca reciben premio alguno por ello.

A pesar de este discurso anti-blanqueo, el gobierno de Mauricio Macri está proponiendo al Congreso de la Nación una nueva ley de blanqueo de capitales que viene trabajando desde sus primeros días de gestión. Se trata de una versión remozada que busca incentivar la exteriorización de activos a cambio de una amplia amnistía para los evasores, con un costo aproximado del 10% para quienes decidan hacerlo por montos mayores. Analizando los dichos sobre el tema de algunos funcionarios otrora opositores, la honestidad intelectual brilla por su ausencia.

Si bien habrá que esperar la versión oficial del proyecto de ley, se especula con que la propuesta del Poder Ejecutivo beneficiará a los que se acojan con la eximición de los impuestos nacionales que correspondan (incluyendo multas e intereses que pudieran corresponder) desde la fecha en que se devengaron y hasta el 31 de diciembre de 2015, en caso de que la norma entre en vigencia este año. Se habla también de que los organismos de recaudación tributaria y de controles cambiarios no podrán auditar las cuentas de donde provengan los fondos exteriorizados, quedando eximidos de toda normativa fiscal y penal tributaria o cambiaría aplicable.

Está claro que el motivo principal de esta medida es la repatriación de capitales, o sea, el ingreso de divisas. Las metas de éxito de esta nueva versión de blanqueo son bastante ambiciosas, ya que el gobierno pretende lograr una exteriorización superior a los 20.000 millones de dólares. Es evidente que las expectativas incumplidas respecto de la llegada de un volumen significativo de inversión extranjera directa (acorde con el shock de confianza que presuponía el gobierno luego de su asunción), explican la necesidad de recurrir a este tipo de medidas que no sólo tienen una muy mala reputación, sino que además, cuentan con escasos antecedentes de éxito.

Si la medida tiene un resultado cercano a las metas de cumplimiento de repatriación de capitales, será una buena noticia para el mercado cambiario. En ese caso, la decisión nacional de endeudamiento externo a tasas elevadas para acordar apresurada y servilmente con los denominados fondos buitres, será un pésimo antecedente de falta de planificación e ineficiente gestión financiera (tomando 16.500 millones de dólares al 7,5% anual, pudiendo haber conseguido ese dinero sin costo alguno por la vía del blanqueo).

La nota de color la pone sin duda el hecho de que la propuesta del Poder Ejecutivo permitiría, de forma inédita, que los funcionarios públicos también se acojan al blanqueo. Más allá de que, como muchos afirman, sería una medida “a la medida” del entorno familiar y empresario del presidente Macri, es preocupante que se reconozca en una ley la conducta evasora de quienes se suponen servidores públicos y deben dar ejemplo con sus actos, de aquello que exigen al resto de la comunidad.

En estos días, y con este tipo de decisiones, crece la amenaza de que la hipocresía termine siendo una cualidad aceptada por la sociedad y premiada con el “siga, siga” por quienes deberían administrar justicia, según las leyes vigentes.